BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta Cristina Fernández deberá comparecer ante la justicia en la primera de las varias causas judiciales promovidas en su contra, incluso desde antes de dejar el poder, un acontecimiento celebrado entre quienes claman por mayor transparencia pero que suma incertidumbre al escenario político de la nación sudamericana.
El juez federal Claudio Bonadío citó el viernes a declarar a la expresidenta Cristina Fernández el 13 de abril en el marco de una causa que investiga una supuesta defraudación al Estado a través del mercado de dólar a futuro.
En su resolución, el magistrado no la imputó de ningún delito, pero indicó que existe fuerte sospecha de su actuación en una maniobra que provocó una caída en las reservas del Banco Central mediante la venta de dólares a futuro a un precio menor al valor de mercado.
Fernández, de 63 años, puede negarse a declarar, lo cual puede comunicar al juez a través de un escrito o en persona.
«Si la citan a Ella, nos citan a todos», es la consigna que organizaciones y dirigentes kirchneristas difunden en redes sociales junto a la convocatoria a una marcha a los tribunales para acompañar a la ex mandataria, quien fue sucedida por el conservador Mauricio Macri el 10 de diciembre.
En un país polarizado, las reacciones frente a la decisión de la justicia hay que diferenciarlas entre «los que están a favor del kirchnerismo y los que están en contra», aseveró la analista Celia Kleiman, de la consultora Polldata.
«Entre los opositores era una demanda latente, va a causar satisfacción amplia. Estaban esperando algún movimiento de la justicia para avanzar sobre algún caso de corrupción, aunque este no es el más importante. Va a calmar esa sed de justicia», consideró.
La citación de Bonadío, en cambio, no hará mella entre los kirchneristas.
«Cristina todavía cuenta con un nivel adhesión popular fuerte…Desde el kirchnerismo van a decir que es un juez que siempre estuvo enfrentado con Cristina, van a hablar de persecución judicial», según Kleiman.
«Si Cristina termina presa ahí podrían producirse movilizaciones no sé con qué grado de violencia, hay mucho fanatismo en torno a su figura», aseveró.
Fernández, quien tras dejar el poder se radicó en una residencia en la localidad turística de El Calafate, en la Patagonia argentina, no se pronunció sobre la citación de Bonadío, quien la misma resolución también convocó a comparecer al expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, y al exministro de Economía, Axel Kicillof.
En su dictamen del viernes, Bonadío dijo que con las «constancias» allegadas a la causa «se configura el estado de sospecha requerido» por las leyes para llamar a indagatoria a la exmandataria, cuyo gobierno inició en 2007 y culminó en 2015.
A través del mercado a futuro el Banco Central, como agente vendedor de divisas, y el comprador acuerdan un precio en pesos para el dólar en una fecha de vencimiento determinada. Si al cumplirse el plazo el tipo de cambio oficial es más alto que el convenido, la entidad debe pagar la diferencia.
En un contexto de fuerte caída de las reservas del Banco Central a su peor nivel en casi una década y a punto de dejar el poder, se cuestiona que la administración de Fernández haya negociado un precio de dólar a futuro a un valor que se sabía de antemano inferior al valor de mercado, condicionando así a la gestión de su sucesor.
«El punto de esto era inflar el peso, o sea que el peso no se devaluara», explicó el economista José Luis Espert. «El Banco Central vendía dólares a futuro a un precio que aunque era el precio de mercado de ese momento no tenía nada que ver con la libre interacción de la oferta y la demanda. Era un precio de mercado que se sabía que no era sostenible, que en algún momento la Argentina se iba a devaluar».
De acuerdo con el juez «el Banco Central de la República Argentina ha tenido un quebranto por las posiciones vendidas de futuros de dólar en el mercado de ROFEX (Mercado de Futuros que funciona en la ciudad portuaria de Rosario) en los meses de diciembre 2015 y enero del año en curso de unos 7.575 millones de pesos (al cambio actual unos 484 millones de dólares)».
También aseveró que la entidad debió abonar sumas millonarias por operaciones de venta de dólar futuro concertadas en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) por las posiciones de diciembre de 2015 a junio de 2016. En este caso se habría registrado una pérdida de $1.552 millones (99 millones de dólares)», según el dictamen.
Por los contratos que se encontraban activos (enero a junio 2016) hubo un saldo negativo de $27.724 millones (1.771 millones de dólares).
Bonadío concluyó que «del total de la emisión monetaria del BCRA desde el 16 de diciembre de 2015 al 24 de febrero de 2016, el 87% se destinó al pago de los quebrantos de las operaciones de dólar futuro concertadas por el BCRA y si se toma el período 31 de diciembre de 2015/24 de febrero de 2016, el 100% de la expansión de la base monetaria bruta fue destinada a los mismos fines».
El juez Bonadío procesó en los últimos días a varios exfuncionarios de la administración de Fernández. Entre ellos al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno y al propio Vanoli por supuestas maniobras para perjudicar a distintas empresas del grupo de medios Clarín, con el que el anterior gobierno mantuvo un fuerte enfrentamiento.
Fernández también está bajo investigación por supuesto lavado de dinero a través de hoteles de su propiedad en la Patagonia. Bonadío estuvo a cargo de esa causa hasta que fue desplazado en 2015 por un tribunal superior al ser cuestionado por algunos procedimientos empleados en la pesquisa. La causa sigue abierta en manos de otro juez. [I]