La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, juramentó hoy como nuevo ministro a su antecesor Lula da Silva, en una ceremonia en la que expresó muy duras críticas a los jueces que lo investigan por supuesta corrupción.
«Las circunstancias actuales me dan la magnífica oportunidad de traer al Gobierno al mayor líder político de este país», declaró Rousseff en el Palacio presidencial de Planalto, al que acudieron cientos de parlamentarios tanto oficialistas como opositores.
En un clima de abierta polarización entre ambos bandos, Rousseff expresó su «repudio total e integral» a la divulgación por parte del tribunal que investiga al exmandatario, de unos audios de una conversación entre ambos, que parece sugerir unas maniobras de la mandataria para influir en favor de su nuevo ministro.
El acto realizado en el Palacio presidencial de Planalto fue cercado por cientos de personas que expresaban su apoyo al Gobierno o su rechazo al ingreso del exmandatario al gabinete.
A la ceremonia asistieron decenas de parlamentarios de la base oficialista que recibieron a Lula y a Rousseff al grito de «no habrá golpe», en alusión al trámite con miras a un posible juicio político contra la mandataria, que será retomado hoy en la Cámara de Diputados.
También estaban presentes legisladores de la oposición, algunos de los cuales gritaban «vergüenza» y se enzarzaron en un breve duelo de coros con el oficialismo.
El nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia, el cargo más influyente del Gobierno, ha generado un terremoto político por los problemas que el exmandatario enfrenta en la Justicia, que se agravaron con la difusión de unas polémicas grabaciones que sugieren que la mandataria intentó influir a su favor.
La seguridad en el Palacio de Planalto ha sido reforzada con decenas de policías y el tránsito de vehículos fue restringido en torno a la Plaza de los Tres Poderes, donde también se sitúan las sedes del Congreso y de la Corte Suprema.
En esa plaza se concentraron manifestantes tanto a favor como en contra del Gobierno, que llegaron a enfrascarse en incidentes que no llegaron a mayores.
Los grupos favorables al Gobierno eran más numerosos y, según cálculos de la Policía Militar, sumaban unas 300 personas, en tanto que los opositores no llegaban al centenar, al menos al inicio de las concentraciones.
Las grabaciones que agravaron la crisis fueron divulgadas este miércoles por el juez Sergio Moro, del sureño estado de Curitiba y responsable de la investigación en la petrolera estatal Petrobras, que afecta a decenas de políticos, entre los que está el propio Lula.
La condición de ministro que tiene desde hoy Lula le garantizará un fuero privilegiado y supondrá que las causas en su contra salgan de la órbita de Moro y pasarán a la Corte Suprema.
La difusión de los audios y la sospecha que de Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso llevó a miles de personas a protestar en todo el país y exigir la destitución de la mandataria, como el pasado domingo ya lo habían hecho 3,5 millones de personas en la mayor manifestación política de la historia brasileña.
También tras conocerse esas grabaciones, la Cámara de Diputados decidió retomar hoy mismo el trámite para un posible juicio político contra Rousseff, cuyo apoyo en el Congreso ha ido menguando al calor de la severa crisis política en la que se ha sumergido el país.
De hecho, una vez que fueron difundidas las grabaciones, el Partido Republicano decidió abandonar la coalición de Gobierno y se posicionó en favor de la destitución de Rousseff.
Esa formación cuenta con 21 de los 513 diputados y solo uno de los 81 senadores, números no muy significativos pero que son cruciales para el Gobierno frente a un posible juicio político contra la mandataria. EFE (I)