CARACAS (AP) — Un universitario murió tras recibir un disparo de arma de fuego durante una manifestación a las afueras de Caracas como parte de las protestas en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo, luego revertida, de asumir los poderes del Congreso y limitar la inmunidad de los legisladores.
Jairo Ortiz Bustamante, de 19 años, falleció luego de recibir un disparo durante una protesta nocturna en el municipio central de Carrizal que fue reprimida por policías y guardias nacionales, indicó la esposa del alcalde Clara Mirabal, en declaraciones que difundió el portal de la alcaldía.
La muerte del joven ocurrió en una plaza de esa localidad donde decenas de personas manifestaban contra el gobierno y el máximo tribunal, relató a The Associated Press Fabio Valentini, un activista del movimiento opositor Vente Venezuela.
Ortiz recibió un disparo en el pecho e ingresó sin signos vitales a una clínica próxima al lugar de la protesta, según versiones que recabó Valentini de los manifestantes.
La Fiscalía General anunció que abrió una investigación sobre la muerte del universitario.
En tanto el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, condenó la muerte de Ortiz y dijo en su cuenta de Twitter que se comunicó con el ministro de Relaciones Interiores para que se investigue y sancione a los responsables.
El estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua es el primer fallecido que dejan las protestas que se vienen registrando en la capital y otras ciudades desde la semana pasada tras las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en las que asumió las competencias de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los diputados. A pesar de que los dictámenes fueron revertidos continúan generando cuestionamientos internacionales y tensiones en Venezuela.
Un grupo de diputados opositores protestó la mañana del viernes en una de las sedes capitalinas de la Defensoría del Pueblo donde colgaron dos pancartas con dibujos de gallinas y colocaron una larga cinta roja alrededor de la entrada de la edificación en la que se leía «Clausurado por golpista. Ustedes no están defendiendo a nadie, ni al pueblo ni a nadie», según un vídeo que difundió el diputado opositor José Miguel Olivares en su cuenta de Periscope.
La víspera miles de policías y guardias nacionales utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua para dispersar a miles de manifestantes y dirigentes opositores que habían tomado la principal autopista de Caracas para marchar hacia la Defensoría del Pueblo y exigirle que actúe contra los magistrados del Tribunal Supremo.
Cientos de opositores, algunos de ellos con los rostros cubiertos, se enfrentaron por unas tres horas con piedras y otros objetos contundentes a los cuerpos de seguridad. Los incidentes dejaron al menos 19 heridos y una treintena de detenidos.
El presidente Nicolás Maduro condenó el jueves las protestas y exigió «justicia» para los responsables de los hechos violentos.
El dirigente opositor Henrique Capriles acusó a las autoridades de excederse en la represión y anunció que la coalición opositora mantendrá las protestas callejeras para presionar la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo, a los que señalan de haber violado la constitución y dar un «golpe de estado», y lograr la realización de elecciones este año. Los opositores convocaron para el sábado a una nueva protesta en Caracas.
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional activó a mediados de esta semana un proceso para destituir a los siete magistrados de la Sala Constitucional que elaboraron las sentencias contra el Legislativo. El Poder Ciudadano, que integran la Fiscalía, la Defensoría de Pueblo y la Contraloría, descartó la víspera la posibilidad de abrir un proceso a los miembros de la Sala Constitucional.
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