BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina acusó formalmente el lunes a la líder de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, como cómplice de una maniobra para defraudar al Estado por unos 200 millones de pesos (13 millones de dólares) que habían sido otorgados a esa organización para un proyecto de construcción de viviendas populares que nunca se materializó.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Bonafini como “partícipe necesaria de la maniobra de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta”, según la resolución publicada por el sitio de información del Poder Judicial. Además dispuso embargo por 250 millones de pesos (15 millones de dólares a la cotización actual).
La justicia determinó que buena parte de los millones de pesos que el Estado destinaba al proyecto de hogares sociales de la fundación «Sueños Compartidos», registrada a nombre de las Madres de Plaza de Mayo, fue desviado a empresas no relacionadas con la construcción de viviendas tras lo cual se procedió al lavado de los activos mediante la adquisición de bienes.
Los responsables de esta maniobra serían los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la fundación, quienes presuntamente canalizaron los fondos públicos “a distintas personas y empresas a través de cheques y transferencias a sus cuentas bancarias o bien, a través de interpósitas personas y compañías que percibieron valores sin contraprestación alguna relacionada con la actividad propia de la fundación y, a través de su cobro, imposibilitaron seguir su rastro”, dictaminó el juez.
Para el magistrado, Bonafini “conocía los desmanejos financieros” de la fundación creada por ella misma y “al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución”.
De Gioirgi enfatizó que “el éxito de la maniobra fue posible gracias a la utilización del prestigio y la trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo”.
Por esta misma causa, también fueron procesados Abel Claudio Fatala y José Francisco López, exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal y Obras Públicas durante el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015). Ambos eran los responsables de la asignación de los recursos del Estado para la construcción de las viviendas.
De Bonafini, madre de dos hijos desaparecidos durante el régimen militar (1976-1983), ha negado los cargos y apuntó contra los hermanos Schoklender.