El activista y político ecuatoriano Fernando Villavicencio, procesado por revelar información confidencial de la Presidencia de Rafael Correa, acudió hoy a la Fiscalía de Flagrancia donde le colocaron un grillete electrónico para su seguimiento.
El dispositivo, que permitirá saber su ubicación en todo momento, sustituye la medida cautelar de prisión preventiva que afrontaba tras ser procesado por el caso que interpuso contra él el expresidente Rafael Correa, por supuesta divulgación de información confidencial, ante el riesgo de fuga y por el precedente de haber viajado a Perú.
Horas antes de que se lo colocaran, en una rueda de prensa, anunció que aceptaba el dispositivo «bajo protesta«, y que tenía previsto presentar denuncias sobre una veintena de casos entre los que se cuentan sobornos en Petroecuador y contratos irregulares en Petrochina, informaron medios locales.
En la convocatoria precisó que los documentos sobre supuesta corrupción en la petrolera los hará llegar a las embajadas de Estados Unidos y China, al desconfiar de la Fiscalía ecuatoriana, la misma que le ha procesado.
Villavicencio se encontraba detenido desde que regresó a Ecuador procedente del vecino Perú el pasado 18 de septiembre para presentar una denuncia por supuesta corrupción en el sector petrolero.
Ramiro García, abogado de Villavicencio, indicó en esa ocasión que su defendido también acumula medidas cautelares a su favor emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «que deberían prevalecer«, dijo.
El pasado 28 de octubre, un juez ecuatoriano dictó prisión preventiva contra Villavicencio y contra el exasambleísta Cléver Jiménez, para el que el primero trabajaba, por divulgar información supuestamente confidencial del Estado ecuatoriano.
Se trata de correos relacionados con la estrategia jurídica del Estado de cara a un proceso contra la petrolera trasnacional Chevron y que habían sido enviados al entonces presidente Correa.
Tanto Jiménez como Villavicencio fueron condenados en el pasado, junto a una tercera persona, por injuriar a Correa, los dos primeros a un año de prisión y el tercero a seis meses.
Los tres fueron sentenciados por lanzar acusaciones contra Correa sin tener pruebas y en relación con los hechos del 30 de septiembre de 2010, cuando el ahora exgobernante estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno interpretó como un intento de golpe de Estado. EFE
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