Ultimátum al narcoestado

Ecuador (donde seis explosiones y el secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio despertaron al país a inicios del 2018 al horror del narcoterrorismo) y Colombia, donde el proceso de paz liderado por el presidente Juan Manuel Santos con las FARC ha sido violado in fraganti.

El 24 de febrero desde la cárcel La Picota de Bogotá, el ecuatoriano Washington Prado Álava alias “Gerald” fue extraditado hacia el estado de la Florida en los Estados Unidos, donde también guardan prisión por narcotráfico 745 pescadores ecuatorianos. Conocido como «el Pablo Escobar ecuatoriano», por su habilidad para controlar todas las etapas del negocio ilícito, había sido capturado en abril del 2017.  Su récord de haber traficado 250 toneladas de droga lo convirtió a sus 36 años en un objetivo de los Estados Unidos, y la Corte del Distrito Sur de Florida solicitó su extradición. Prado, quien por sus nexos con las FARC intentó vincularse a las listas para acceder a la Justicia Especial para la Paz y así evitar su extradición, hoy podría haber revelado, en un acuerdo por reducción de pena, los nombres de altos funcionarios a quienes sobornó en Ecuador, y los asesinatos cometidos impunemente.

El 9 de abril, a pocos días de viajar a la Cumbre de las Américas, el presidente colombiano y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos tuvo que reconocer ante la comunidad internacional que el proceso de paz con las FARC fue burlado por uno de sus propios negociadores y directivo del nuevo partido FARC, alias Jesús Santrich, quien fue grabado por la DEA acordando traficar tres toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de 15 millones de dólares. Desde el 4 de abril, un juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, había requerido su deportación por conspirar para traficar droga hacia los Estados Unidos.  Alias Santrich, quien estaba negociando la carga desde junio del 2017, había sido beneficiado con una curul a dedo en el Congreso de Colombia, entre diez puestos que en conjunto con el Senado les han sido concedidos sin tener que ganar las elecciones, y en las cuales las FARC han demostrado no contar con la gracia del pueblo como se vio en los recientes resultados electorales y en la campaña con huevos contra alias Timochenko, quien se retiró de la contienda electoral presidencial.

Al igual que el ecuatoriano alias Gerald, el colombiano alias Santrich podría acceder a un acuerdo de cooperación por rebaja de penas en los Estados Unidos.

Forjados en el auge del narcotráfico en el Ecuador durante la década correísta, alias Gerald y alias Guacho estarían relacionados, según confirmó el director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía de Colombia (DIJIN) a Revista Plan V, que también  revelara que, a inicios de abril, la Guardia Costera Norteamericana (en un operativo conjunto en aguas internacionales al norte de las Islas Galápagos) incautó una lancha con una tonelada de cocaína y un semisumergible con 770 kilos de alias Guacho.

El 15 de febrero, en el IV Gabinete Binacional en Pereira entre Ecuador y Colombia, el Presidente Lenin Moreno insistió a Juan Manuel Santos que reanudara en Quito las conversaciones de paz con el ELN, que en muestra de su “buena voluntad” voló dos torres eléctricas del sistema interconectado en Colombia y asesinó a un policía en Arauca.  El 12 de marzo Santos aceptó reanudar las conversaciones con el ELN.

En ese mes, se desató la escalada de atentados terroristas en suelo ecuatoriano, hasta llegar al 20 de marzo con el atentado en Mataje a una patrulla militar en la cual murieron 4 militares de la Infantería de Marina.

El 26 de marzo, el Frente Oliver Sinisterra, al que pertenece alias Guacho, atacó dos torres de energía en Tumaco y secuestró al equipo de El Comercio. Luego de más de dos semanas de angustia y un manejo inexperto de la crisis, se cree que el 11 de abril habrían sido ejecutados los ecuatorianos en territorio colombiano.

Para cuidar su refugio en Ecuador,  el ELN se condolió públicamente del asesinato del equipo periodístico, mientras seguían perpetrando atentados terroristas, manteniendo su negocio del secuestro en Colombia y Ecuador, bajo la protección del gobierno ecuatoriano que recién puso fin al papel de garante de sus conversaciones de paz este 18 de abril.

El narcotráfico y el crimen organizado siguen su auge. Lejos de disminuir con el proceso de paz, los sembríos de cocaína en Colombia que deja la administración Santos están batiendo récords. Según el informe de la DEA, los sembríos pasaron de 159 mil hectáreas en 2015 a 188 mil hectáreas en 2016. De acuerdo al documento de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC) el mayor crecimiento se registra en zonas fronterizas, y el municipio con más hectáreas sembradas es Tumaco, con el 16%, donde opera precisamente el Frente Oliver Sinisterra.

En un informe de la SENAIN de febrero del 2014, difundido por Diario Expreso el pasado marzo, se demuestra que el estado ecuatoriano estaba al tanto de “la situación de la frontera y anticipaba lo que ahora está ocurriendo: la proliferación de actividades ilícitas, las bandas criminales, los enfrentamientos armados. El Gobierno ecuatoriano sabía que los frentes 30 y 48 de las FARC se habían aliado con mafias locales para proveer de drogas e insumos al cartel de Sinaloa; que los envíos salían desde los puertos de Buenaventura y Tumaco en Colombia, y San Lorenzo en Ecuador; que dos mil efectivos de la guerrilla y 300 mercenarios de las bandas militares controlaban las rutas y operaban en la frontera con incidencia directa sobre la provincia de Esmeraldas”. Y que a pesar del acuerdo de paz, continuaría el cobro del impuesto por gramaje, un negocio de entre 500 y mil millones de dólares.

Ante esta amenaza, Lenin Moreno nombró gente sin experiencia para enfrentar un peligro inminente. Afines a la Revolución Ciudadana y adherentes a la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, la plana mayor del gobierno está ideologizada por el Foro de Sao Paulo: Vicepresidencia, Cancillería, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior. Quien debía liderar el comité de crisis, el Ministro de Defensa del Ecuador, condecorado por el Ministerio del Poder Popular de la República Bolivariana de Venezuela,  ha tenido un papel secundario en la crisis de seguridad de la nación.

El ingreso de liquidez del crimen organizado transnacional al Ecuador ha venido en alza al punto que el año pasado Estados Unidos incluyó al Ecuador en su lista negra de lavado de activos. “Existe evidencia del blanqueo de dinero a través de las actividades empresariales y comercial, así como los servicios de envío de dinero”.  Ya en 2009 la revista Polémica de la USFQ publicó un estudio que estimaba que el lavado de dinero en Ecuador sería para entonces de entre 500 a 1.000 millones de dólares.

También en 2009 se dio un incremento de inversionistas mexicanos en Ecuador, especialmente en el área de turismo, predilecta del lavado de dinero, y las transacciones fueron además hechas en efectivo. Las autoridades mexicanas veían la expansión de actividades relacionadas al crimen organizado en Ecuador, principalmente el tráfico de personas. “Por tener una de las políticas de inmigración más laxas del mundo, redes de tráfico humano de China, India y África fueron aumentando considerablemente su carga humana en Ecuador, desde donde los traficantes mueven su carga a través de Centroamérica hacia los Estados Unidos.” Douglas Farah, (Ecuador en Riesgo, 2010)

Ocho años después, el mismo investigador en seguridad regional denunció en Washington que Ecuador ha otorgado 400 pasaportes a rusos e igual número a iraníes. Farah recopiló en su informe del 2010 el plan de carnetización llevado a cabo en la frontera ecuatoriana por Ignacio Chauvín, Subsecretario de la Política, bajo el mando del Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa Gustavo Larrea en el gobierno de Rafael Correa.

El segundo al mando de las FARC, abatido en Angostura en marzo del 2008, Luis Édgar Devia, alias Raúl Reyes, dejó constancia de la relación de Larrea como intermediario entre Rafael Correa y las FARC.  “Larrea es identificado en los documentos de Reyes como el principal contacto de las FARC, bajo el sobrenombre de “Juan”. Larrea ha aceptado haber tenido encuentros con Reyes, pero niega que estos hayan tenido lugar en Ecuador y expresa que sus contactos tuvieron como objetivo lograr que las FARC liberaran secuestrados” (Ecuador en Riesgo 2010).

Hoy Gustavo Larrea lidera un movimiento de apoyo a Lenín Moreno, denominado Democracia Sí.

A tres meses del atentado en San Lorenzo y tras la inexplicada ejecución del equipo periodístico de El Comercio, Javier Rivas, Paúl Ortega y Efraín Segarra, más una serie de secuestros sin precedentes, el Ecuador tiene muy presente que el correísmo nos consolidó como un narcoestado.

Desde el financiamiento de la primera campaña presidencial de Rafael Correa en 2006, pasando por el desmantelamiento de nuestro servicio de inteligencia y dejando en indefensión a nuestras Fuerzas Armadas.

No se puede tolerar más la entrega del país al narcotráfico: la Fiscalía del Ecuador le está debiendo al país resultados de las investigaciones entregadas en febrero por la Fiscalía de Colombia sobre un centenar de propiedades de las FARC en Ecuador. La Justicia corrompida hasta la médula quedó al desnudo con la caída de otra narcoavioneta el 4 de marzo en Matorrillos: los mismos pilotos habían sido favorecidos en la disminución de sus penas por narcotráfico en el 2014. Como cereza del pastel, tres jueces liberaron a la esposa de alias Gerald.

La reciente detención de un militar en servicio activo del cuerpo de seguridad presidencial de Lenin Moreno por su vinculación con el narcotráfico demuestra que persiste un entramado del crimen organizado transnacional muy cercano al poder en Ecuador y en la elite de Fuerzas Armadas.

La sociedad está alerta, exige la dimisión de los funcionarios sin voluntad ni capacidad política para brindarnos seguridad y enfrentar el narcoterrorismo.

Es el pueblo ecuatoriano el que le está dando un ultimátum al narcoestado.

 

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