Sus promotores apoyan esta iniciativa e insisten, hasta el cansancio, sobre sus “beneficios” medicinales, y la necesidad de legalizarla para disminuir su consumo y el narcotráfico. ¿Y qué sucede si la legalizamos? Es un interrogante que los ecuatorianos debemos hacernos ante una circunstancia que ha flagelado a miles de niños y jóvenes del Ecuador.
En el 2013, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), expidió una tabla donde se establecía el tipo y la cantidad de droga que una persona podía portar legalmente. Y así, una persona podía poseer “para su consumo” hasta 10 gramos de marihuana. Sus defensores, señalaron que esta legalización supondría un descenso en el tráfico de drogas como del consumo. Sin embargo, los números no mienten ya que en el año 2012, un 8,8% de los universitarios ecuatorianos habían consumido esta droga, pero tres años después, la cifra alcanzó a 15,96%. Además de las estadísticas señaladas, basta escuchar aquellos desgarradores testimonios de padres de familia que, impotentes, ven como sus hijos son víctimas del consumo de drogas, en especial del cannabis.
Mientras este problema también afecta a casi el 10% de los estudiantes de enseñanza media en el Ecuador (según informe de la Secretaría Técnica de Drogas, realizado en el 2016) y a las familias en general, en la Asamblea Nacional ecuatoriana, debaten la posibilidad de establecer en el COS, el otorgamiento de licencias para la siembra, cultivo, cosecha, industrialización, almacenamiento y dispensación de marihuana, con fines medicinales y terapéuticos.
De a redacción del artículo del proyecto de ley, todo aparenta tener “buenas intenciones”, pero no dejan de surgirme varias preguntas: ¿Está el sistema sanitario ecuatoriano, en la capacidad económica y administrativa para emitir este tipo de licencias? ¿Quiénes podrán sembrar y cosechar el cannabis? ¿Cómo supervisarían a las farmacéuticas que llevarían los registros de las personas que consumen marihuana? ¿Quiénes serán y controlarán a los distribuidores de esta droga? ¿Acaso la legalización de todo el proceso de producción y venta de cannabis, no supone “una facilidad” para que los que se dedican al tráfico de marihuana, sean los futuros beneficiarios de las licencias?
Los defensores de la completa legalización del cannabis, que incluye su siembra, distribución, cosecha, etc, alegan que solo será utilizada para fines terapéuticos. Si bien es cierto que esta droga ha sido experimentada en calmantes de dolor y ansiedad, no es menos cierto que también afecta a la memoria, crea sentimientos depresivos, genera mayor adicción y alta probabilidad de consumir otras drogas posteriormente, riesgos durante el embarazo para el niño concebido, y más. Tan es así, que la Asociación Psiquiátrica de América Latina, en el 2015 enfatizó: “…los hallazgos científicos que respaldan el uso terapéutico de cannabis, si bien es cierto existen, son insuficientes”.
Por otro lado, el sistema sanitario no tiene la capacidad económica para afrontar la legalización del procesamiento de esta droga. Prueba de esto, es que el presupuesto para el año 2018 de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), que es la entidad encargada de realizar el control técnico a los medicamentos en el Ecuador, es de apenas 13 millones aproximadamente.
La marihuana no se la combate con más marihuana. Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), establece que debe mitigarse el consumo y la facilidad de acceso a las drogas por parte de los jóvenes. ¿Cómo se pretende erradicar o mitigar el consumo de drogas, cuando se plantea que la Autoridad Sanitaria otorgue licencias para siembra y cultivo de marihuana?
¿Y si la legalizamos? Tal vez quienes promueven esta iniciativa deberían también preguntarles a aquellos padres de familia que han visto truncados los sueños y el futuro de sus hijos, debido al consumo de drogas, en particular de marihuana. Qué fácil es decir que el cannabis disminuye el dolor corporal, pero que difícil es decir que al mismo tiempo puede ser perjudicial para el futuro de los jóvenes. Para quienes no son ciudadanos de a pie, es sencillo hablar desde las cúpulas y desde realidades parcializadas, pues es probable que aquellos nunca sufran las consecuencias de sus propias decisiones.
Finalmente, considero que los asambleístas del Ecuador deben debatir con cautela y seriedad, y más que nada, tomando en cuenta la realidad socio económica del país, que es tan diversa como compleja, esta temática que tanto dolor, separación y frustración ha causado en las familias ecuatorianas.