Una comisión integrada por tres parlamentarios ecuatorianos y tres miembros de la sociedad civil defendió esta semana en Washington ante la OEA y la CIDH los cambios emprendidos por su presidente, Lenín Moreno, incluida la consulta popular de febrero de este año.
El grupo se reunió hoy con una de las secretarias adjuntas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) María Claudia Pulido, y este martes con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
En declaraciones hoy a Efe, el diputado Fabricio Villamar, del Movimiento Creo, explicó que la delegación integrada por personas de diferentes tendencias políticas quería «garantizar» a la comunidad internacional que el proceso político de «transición» que vive Ecuador es «sano».
Ecuador celebró el pasado 4 de febrero una consulta popular, que ganó Moreno con casi el 70% de los votos, y que eliminó la reelección indefinida, lo que en la práctica cerró la puerta de la Presidencia a Rafael Correa, que dirigió el país durante una década, entre los años 2007 y 2017.
«En el Ecuador, hemos encontrado una manera democrática de evitar lo que pasó en Venezuela o lo que pasa en Nicaragua», consideró Villamar.
En su momento, ese referéndum fue cuestionado por la CIDH, que en febrero pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) medidas provisionales en favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador (CPCCS), cuya destitución había sido aprobada en la consulta popular.
La CIDH tomó esa decisión a petición de Correa, que trató de impedir la consulta, especialmente las preguntas que abrían la puerta a terminar con la reelección indefinida y con el Consejo de Participación Ciudadana (que elige a las autoridades de control del país).
La CorteIDH, con sede en San José (Costa Rica), desestimó de plano la solicitud de su organismo hermano, la CIDH.
El diputado Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, criticó esos pronunciamientos y consideró que «acudir al pueblo jamás puede ser visto como algo negativo y menos por quienes se burlaron del pueblo para instrumentalizar los cambios que solo favorecían a un sector político», en referencia al correismo.
«Esos cambios propuestos por una consulta popular -añadió- no solo son legales, sino que son legítimos porque están revestidos de la potestad del pueblo, el pueblo ha dado esa herramienta, si el pueblo ha decidido que había que cambiar un Consejo de Participación, entonces es legal y legítimo».
Los miembros de la comisión respaldaron las reformas emprendidas bajo el Gobierno de Moreno, con especial mención a la libertad de prensa y la participación de los pueblos indígenas.
César Ricaurte, el director ejecutivo Fundamedios -una fundación sobre libertad de expresión que ha sido crítica con el Gobierno-, aseguró que han visto grandes cambios en comparación con «una década de régimen autoritario en el que se violaron sistemáticamente los derechos humanos, especialmente la libertad de prensa».
La CIDH, de hecho, expresó en numerosas ocasiones preocupación por el estado de la libertad de prensa en Ecuador.
La delegación estaba compuesta por Ricaurte, el historiador Enrique Ayala; el dirigente social e indígena Luis Maldonado; y los asambleístas Villamar, Cucalón y Ximena Peña Pacheco, de Alianza PAIS). EFE