Elizabeth Cabezas vincula retorno de capitales y migración

QUITO-ECUADOR (14/03/2018). La Presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas saluda a sus seguidores en las afueras de la Asamblea después de ser elegida. . FOTOS API/CRISTINA VEGA..

La presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, Elizabeth Cabezas, propuso hoy en ParlAmericas un enfoque global en el combate de la corrupción transnacional, que pase por la recuperación de capitales como clave para mejorar las condiciones de la migración.

«Si acordamos que una de las causas fundamentales de la migración es la brecha provocada por la corrupción a gran escala, entonces deberíamos incluir en el debate los mecanismos regionales de recuperación de capitales mal habidos», defendió en un discurso que pronunció en el marco de la decimoquinta edición del encuentro, que se celebra en la ciudad canadiense de Victoria.

Cabezas participó en un panel sobre inclusión social en el que se analizaron diferentes propuestas sobre migración, desplazamiento forzado e integración, en la tercera y última jornada de deliberaciones del foro multilateral creado en 2001 e integrado por parlamentarios de una treintena de países del continente americano.

La presidenta del Legislativo ecuatoriano, que asumió sus funciones en marzo pasado, impulsa en su país una ley que busca recuperar al menos 35.000 millones de dólares desviados en actividades ilícitas.

Al hilo de su declarado combate contra la corrupción transnacional, que ha salpicado a numerosos países latinoamericanos, Cabezas relacionó esta lacra con el fenómeno de la migración y los activos desviados, con recursos para facilitar el bienestar a aquellas personas que se ven obligadas a migrar.

«Si reconocemos la obligación de los Estados de garantizar los derechos de sus connacionales migrantes y de proveer los recursos para ello, deberíamos empezar a discutir mecanismos para que la comunidad internacional canalice fondos de los países de origen hacia sus migrantes a partir del análisis de ingresos fiscales en cuentas internacionales», apostilló.

Y por ello subrayó la «necesidad de organizarnos y colaborar en estrategias de políticas regionales para la persecución de capitales de corrupción«.

Cabezas reiteró que la Ley de Movilidad Humana aprobada a principios de 2017 en Ecuador recoge el concepto de ciudadanía universal que ya propugnaba la Constitución de 2008, una legislación pionera en el reconocimiento de derechos de las personas que se ven obligadas a desplazarse.

Durante su intervención se proyectó un video con el que presentó la situación que vive Ecuador con la llegada de un millón de migrantes venezolanos, gran parte de los cuales han atravesado el país para dirigirse a otros vecinos.

Consideró que se deben elaborar propuestas políticas regionales para hacer frente a los nuevos desafíos que se derivan de la reciente migración masiva venezolana en el cono sur.

Y señaló que «un factor determinante para evitar que el derecho a la migración se convierta en un problema social, es garantizar los recursos financieros para lograr una integración positiva».

Por su parte, el director regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Diego Beltrand, consideró este tipo de foros fundamentales para «lograr un mundo más inclusivo y sostenible».

«Como parlamentarios, sabemos que hay gran valor en estos encuentros para promover la apertura legislativa, la inclusividad, combatir el cambio climático e impulsar la igualdad de género», aseguró.

En el panel también habló el guatemalteco, José Arturo Martínez, diputado y presidente de la Comisión de Migración del Congreso, quien expuso el caso de su país tanto como territorio de paso de la migración -sobre todo hacia el norte- y como nación que genera emigrantes.

Paralelamente, Alincia Williams-Grant, presidenta del Senado de Antigua y Barbuda, expuso el problema de la migración, o desplazamiento de población en este caso, originada en las inclemencias climáticas en las islas del Caribe. EFE

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