Guayaquil, Ecuador
Argentina es el nuevo escenario en el contexto latinoamericano donde se evidencia lo que cuesta poner en orden la casa. Después de 12 años de gobiernos kirchneristas, un país que vivió un auge de las materias primas, un incremento de los niveles de deuda, desorganización en las finanzas públicas, poca credibilidad en las cifras económicas del país, casos de corrupción, bajas reservas del Banco Central, presencia importante del Estado como eje de la economía, la creación de empleo sustentada en gran medida en el gasto público, entre otros aspectos similares a lo que ocurre en Ecuador; se encuentra ahora sumida en una grave crisis producto de las distorsiones generadas por la “excesiva” presencia del Estado en la economía.
Y es así que Mauricio Macri asume la presidencia en el 2015 con la promesa de cambio y dejar atrás el modelo acaparador que venía desarrollando el peronismo. Si bien su victoria no estuvo acompañada de una fuerza legislativa importante; esto se revirtió para las elecciones del 2017, año en el cual se mostró un mayor apoyo del electorado al gobierno en funciones y con lo que podría llevar a cabo las reformas necesarias para viabilizar la recuperación económica.
Pero la realidad contrasta con el apoyo político logrado en las urnas, un año después, pues el gobierno del presidente Macri tiene ante sí una compleja situación económica que podría agravarse aún más. La promesa del gobernante argentino se enfocó en que el sector privado sea sobre el que descanse la actividad económica del país, a través de una mayor inversión de los empresarios, pero esto no se ha logrado debido a los desajustes macroeconómicos heredados del gobierno anterior, reflejado por ejemplo en el persistente déficit fiscal. A eso debe agregarse el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, la guerra comercial entre este país y China, la alta dependencia de las exportaciones agroalimentarias, crisis económicas en otros economías emergentes, y la imagen empañada del país producto de los casos de corrupción que se destapan actualmente. Todo lo anterior le resta confianza a la política económica que plantea el gobierno, y que ha derivado en una acelerada devaluación del peso, y un incremento importante de la inflación y de las tasas de interés, volviendo más especulativa a la economía argentina y con un alto impacto social evidenciando en un aumento de los indicadores de pobreza del país.
Las autoridades económicas para hacer frente a este complejo panorama han planteado acercamiento a las multilaterales, tal es el caso de la ayuda del Fondo Monetario Internacional que aprobó un crédito por 50 mil millones de dólares (semanas atrás), que sumado a las reformas previsional, tributaria y laboral que viene gestando desde el año pasado, y a las medidas económicas recientemente presentadas tales como, la eliminación de al menos ocho ministerios y el restablecimiento del cobro por derechos de exportación a diferentes productos agrícolas (esto último catalogado por Macri como, “malo, malísimo; pero necesario”), le permitiría ahorrar 6.000 millones de dólares anuales con el objetivo de alcanzar para el 2020 un superávit fiscal primario de 5.200 millones de dólares equivalente al 1% del PIB. De igual manera el gobierno estableció medidas compensatorias de carácter social para reducir el impacto en los sectores más vulnerables.
Finalmente, es evidente que la corrección de los desequilibrios económicos generados por aquellos gobiernos que plantean un rol casi hegemónico del Estado en la economía, “disfrutan” de un presente pero “castigan” pasando la factura al futuro, y eso se convierte en una bomba de tiempo pues en sociedades como las nuestras, la población tiene una frágil memoria y no recuerdan que el daño no lo hizo el gobierno que intento corregir el problema, sino aquel que intento ser el redentor. Recordemos siempre que la ¨farra económica” se paga tarde o temprano. (O)