Al menos tres de siete militares investigados por presunto tráfico de armas y municiones revelaron ayer en la Fiscalía los nombres de los oficiales que habrían evadido sus responsabilidades en la supervisión y control de la «inteligencia militar».
Lo informó Edwin Romero, abogado defensor de Martín Arroyo. El defensor señaló que sus versiones coinciden con las del general Wilson Navas, del Comando Logístico terrestre.
Navas señaló que “cada unidad logística tiene sus comandantes y son los encargados de cada una de la munición y armamento perteneciente a su unidad”. Contó que los calibres de munición que maneja el Ejército son 5.56 para fusiles HK y 7.62 para fusil FAL y los nueve milímetros para pistolas Esmit Weson, Pietro Bereta.
Navas indicó además que al momento el Comando Logístico realiza una verificación de todas la bodegas del país. La tarea está a cargo de seis oficiales y 20 miembros de tropa.
Reveló además que una verificación de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a la base de datos del Siloge habría concluido “que existió una modificación de 21.656 para 16.518 para el artículo munición”.
Romero insiste en que a futuro la Fiscalía tendría que vincular a los oficiales que tenían “el dominio y control de la munición”. Defendió a su cliente del que dijo solo entregaba el material a sus compañeros para las guardias.
Las versiones de los siete uniformados y seis civiles involucrados en el supuestotráfico de armas desde Fuerzas Armadas al grupo narcoterrorista OliverSinisterra, liderado por alias Guacho, se recibieron desde las 08:00.
Los sospechosos llegaron en grupos de dos y tres y en medio de estrictas medidas de seguridad. Fueron escoltados por comandos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y agentes penitenciarios para ampliar su versión sin juramento sobre el caso.
La Fiscalía había programado media hora de testimonio por cada procesado. Inició con Sobeida Quiñónez a quien la Fiscalía señala como la cabecilla de la organización y quien se encargaba de hacer los contactos y proveer el financiamiento para la compra del material que luego sería llevado a Guacho.
Su abogado Jimmy Solís ha insistido en la inocencia de su cliente a quien describe como una agricultora de escasos recursos que vive en San Lorenzo, Esmeraldas, junto con sus seis hijos menores de edad.
Para formular cargos la Fiscalía tomó en cuenta partes policiales con el detalle de interceptación y triangulación de llamadas.
#TelediarioEC | Los siete militares y seis civiles detenidos por el presunto tráfico de armas y municiones de las FF.AA. al grupo disidente liderado por alias “Guacho”, rindieron su versión en @FiscaliaEcuador. “La responsabilidad recae sobre los oficiales" manifestó un implicado pic.twitter.com/M7FQQHdVs8
— Telediario (@TelediarioEC) November 28, 2018
- Fuente Diario El Expreso