Quito, Ecuador
Desde el año 2014 diferentes organismos internacionales vienen denunciando que la crisis humanitaria no solo trae a los diferentes países que los acogen empresarios, técnicos y profesionales que vienen a emprender, sino también que el éxodo incluye estructuras delictivas que han visto esta oportunidad para exportar sus actividades criminales.
El Defensor del Pueblo de Colombia Dr. Carlos Negret indicó que recibió denuncias de ciudadanos venezolanos, quienes manifestaron que el presidente Nicolás Maduro habría ordenado la apertura de las cárceles para infiltrar con reclusos el flujo migratorio hacia los países de la región. Esta información se entrelaza con las declaraciones de la Ministra del Servicio Penitenciario Iris Valera quien manifestó que “20.000 convictos no suponen ningún riesgo y deben ser liberados”.
Otro hecho importante que demuestra la mente retorcida del dictador es cuando se trató de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela por parte de la coalición de países ante la crisis que se vivía y Nicolás Maduro dispuso el envío de reclusos al puente fronterizo de Tienditas para bloquear el ingreso de la ayuda humanitaria. Los convictos pertenecían al Centro Penitenciario Santa Ana de la ciudad de Ureña en el Estado de Táchira. Los reclusos habrían sido entrenados y preparados por funcionarios gubernamentales para actuar como una fuerza de choque y/o una milicia de delincuentes al servicio del gobierno.
El éxodo de los ciudadanos venezolanos que ha generado la dictadura del modelo chavista, calificado como “bolivariano y socialista” para atrapar a los incautos, está siendo utilizado por Nicolás Maduro para afectar las democracias regionales, utilizando perversamente la migración de sus compatriotas descontentos para infiltrar estructuras delictivas que generen caos y rechazo en los países de acogida de esta ola migratoria.
El afán de Maduro es generar que los estados latinoamericanos donde están llegando los migrantes rechacen su permanencia y los consideren una verdadera amenaza a la seguridad ciudadana, obligando a los gobiernos a poner un sinnúmero de requisitos que dificultarían el ingreso de venezolanos en busca de nuevos horizontes. Los cerca de 7 millones de migrantes son una muestra palpable de la ineficiencia de un gobierno fallido. Sin embargo para Nicolás Maduro son traidores al proceso revolucionario.
El gobierno venezolano está utilizando la misma estrategia que usó Fidel Castro con el éxodo de los denominados “Marielitos” en octubre de 1980 hacia los Estados Unidos. El dictador cubano aprovechó este éxodo y abrió las cárceles para que los reclusos no sean una carga estatal a cambio de que vayan a otros países y se conviertan en una pesadilla delictiva permanente en las sociedades de acogida; de esta forma se lograban dos objetivos: primero sacaba el lumpen social que se encontraba detenido y que no tenía los recursos para mantenerlos en prisión; y segundo, propinaba un duro golpe a los sistemas de seguridad estatales con una amenaza que venía oculta en un “Caballo de Troya” llamado migración.
En agostos del 2018 Perú capturó a 15 delincuentes de la megabanda “El Tren de Aragua”, una estructura delictiva que tiene excelentes relaciones con la ministra del Servicio Penitenciario Iris Valera a través de su jefe el “Pran” conocido como “El Niño Guerrero”. Esta organización criminal cuenta con aproximadamente 250 y 300 delincuentes fuertemente armados que operan dentro y fuera del recinto carcelario y que hoy están ampliando sus actividades delictivas en algunos países de la región aprovechándose del flujo migratorio.
El siete de Agosto del 2019 Perú expulsó a 47 venezolanos con antecedentes penales. Las autoridades del vecino país ya han deportado a 200 ciudadanos vinculados a actividades delictivas o con antecedentes.
La falta de controles gubernamentales e intercambio de información delincuencial, ha permitido que integrantes de las megabandas venezolanas comiencen a trasladar sus operaciones a la región. Es por eso que hemos visto cómo los niveles de inseguridad se han incrementado y la percepción de inseguridad en la sociedad es cada día más alarmante.
Si a julio del 2019 estarían ingresando un promedio diario de 3.000 venezolanos -de acuerdo a Presidencia estarían viviendo en Ecuador cerca de 500 mil ciudadanos venezolanos- y recién se comenzará a requerir documentos para controlar esta migración a partir del mes de septiembre, la pregunta para las autoridades es: ¿Cuántas organizaciones delictivas y/o megabandas venezolanas están operando en nuestro país? ¿O seguimos pensando y actuando como si somos solo un país de tránsito?.