Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
El rol de la empresa dentro de la sociedad es impulsar su crecimiento mediante las ventas y con ello, la creación de nuevos puestos de trabajo. Esa parte la han cumplido los empresarios.
El rol de los funcionarios públicos es administrar diligentemente el Estado y es allí donde se encuentra el principal desafío, porque en lugar de reducir, se ha incrementado el gasto público improductivo y las compras de empresas públicas quebradas o del Estado en general. De hecho, tenemos un gobierno demasiado grande en relación al PIB.
Sin embargo, el FMI les da a los funcionarios una palmada en la espalda y los felicitan por su tibio intento, cuando debieron haber exigido la ejecución completa de los objetivos.
Pocos mencionamos la ineficiencia ni la corrupción del monopolio estatal petrolero como un factor trágico. La refinería de Esmeraldas, después de que el gobierno pasado invirtiera 2.2 millardos, produce un fuel oil que supera el 0.5% de azufre, que a partir del año 2020 los barcos ya no podrán usar, según el Convenio Internacional (MARPOL). De tal manera, que por la ineficiencia estatal, seguramente están pensando en las opciones de focalizar más los subsidios a los combustibles e incrementar el IVA, por no controlar la despilfarra fiscal.
Las acciones de remedio inmediatas deberían ser permitir la libre importación de combustibles por parte de privados, para impulsar la competencia de precios que beneficie al consumidor; controlar las compras públicas a precios superiores del mercado y continuar reduciendo el tamaño del Estado, mientras se facilita la actividad empresarial para que pueda acoger a los desempleados. Caso contrario, el ciudadano siente que antes estuvo mejor.
Si las ventas caen por una elevada presión fiscal que reduce la competitividad, hay que derogar impuestos y bajar aranceles, cuya única justificación es mantener el excesivo gasto estatal.
Lo que realmente le interesa al contribuyente es tener dinero en el bolsillo para invertirlo o consumir en libertad. Es injusto pedir que paguemos las fallas de una administración pública festiva que casi no invierte en el bienestar del ciudadano. El ajuste debe hacerlo el sector público y existen muchas oportunidades, como las mencionadas, para lograrlo.