Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
El gobierno ha podido mantenerse en el poder a pesar de la violencia de las manifestaciones y hoy, algunos golpistas se encuentran asilados en la embajada mexicana de Lopez Obrador, mientras afuera, se están iniciando procesos penales a los que cometieron delitos y continúan los avances en los juicios de corrupción en los que participaron actores del gobierno pasado, a pesar de que fueron a incendiar la Contraloría dos veces con la intención de evitarlos.
Las manifestaciones se escudaron con el pretexto de la promulgación del decreto que terminaba el subsidio a las gasolinas Extra, Eco y al diésel, por lo que el decreto fue derogado. Pero esa fue la excusa. Los vídeos muestran una intención de romper el régimen democrático y reinsertar a los personajes del anterior en el poder.
Lo bueno de esto es que los golpistas han quedado identificados y la función judicial debería perseguir de oficio los delitos cometidos por ellos durante los desmanes.
Por otro lado, es vital armar mejor e inmediatamente a las fuerzas del orden público. Especialmente a la policía nacional, cuyos miembros mostraron ser aguerridos, pero estuvieron sin el equipamiento, ni la logística necesaria para mantener el orden público según la legislación vigente.
Ante este escenario, se deben reactivar los permisos para portar armas. El desarmar a la población y permitir la desmejora del equipo de la policía son tácticas del gobierno pasado con el fin de impedirle al ciudadano actuar en legítima defensa contra los vándalos y golpistas violentos que afectaron la propiedad y a las personas ajenas a los hechos.
Todo fue parte de un plan maestro de la izquierda. Los comunistas siempre querrán captar el poder mediante la violencia. Solamente les interesa solucionar su pobreza, no la de los demás. Los trabajadores de una sociedad no salen a la calle porque están produciendo. Aquí nos ganaron los improductivos violentos, que además, son la minoría.
Frente a la imposibilidad de eliminar el subsidio a los combustibles, al gobierno le quedaban dos caminos: reducir el tamaño del Estado (problema de fondo) o promover un proyecto de Ley de Crecimiento Económico, más recaudatorio que el original, para financiar a un Estado grande en relación a su PIB. El gobierno se fue por la segunda opción, cuando debió haber escogido la primera.
Y es que cobrar más impuestos es lo peor para el consumidor, porque los precios van a subir y tendremos un menor poder adquisitivo, alejando la posibilidad de crear un circulo virtuoso que permite hacer crecer las ventas de las empresas y con ello, la generación de nuevos empleos y el pago de más tributos.
El Estado seguirá financiando, con nuestros impuestos, subsidios a los combustibles sin disminuir su tamaño. Una locura inequitativa.