La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este viernes al Estado ecuatoriano a incluir entre las líneas de la investigación por la muerte de la activista polaca Monika Silva una posible vinculación con su labor de defensa de derechos humanos y sus denuncias de corrupción.
«Al investigar la muerte de una persona defensora, el Estado debe incluir dentro de sus líneas de investigación las actividades de defensa y denuncia como posible móvil», señaló el organismo en un comunicado.
La Comisión lamentó la muerte de la activista, expresó su solidaridad con sus familiares y personas allegadas y llamó al Estado a llevar a cabo «una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer las circunstancias de su muerte».
El cuerpo de Silva fue encontrado el lunes en su vivienda de la localidad de Montañita, en la provincia ecuatoriana de Santa Elena, y su muerte causó conmoción debido a que se la conocía por denunciar casos de presunta corrupción en esa zona costera del país.
Además, formaba parte de la Fundación La Integridad, que realizaba denuncias sobre temas relacionados con el medioambiente, contratos públicos y tráfico de tierras, entre otros.
Presunto suicidio
Tras su muerte y sin tener resultados de la autopsia, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que presumían que Silva se había suicidado, pues «se encontraron en el lugar los indicios necesarios para llegar a esa determinación», según dijo a medios locales.
La Delegación de la Unión Europea (UE) en el país y la Embajada de Polonia en Perú, acreditada también para Ecuador, solicitaron a las autoridades que el caso sea investigado de manera rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y garantizar que se asuman responsabilidades de acuerdo a ley.
Entonces la Fiscalía ecuatoriana, que ya había anunciado el martes el inicio de una investigación, señaló el jueves que solicitó cooperación internacional para que peritos extranjeros «aporten elementos técnicos especializados a las diligencias que se desarrollan dentro de la causa y contribuyan al esclarecimiento de los hechos».
Por lo que Reimberg afirmó posteriormente que desde Interior iban a «colaborar íntegramente» con la Fiscalía y con los peritos internacionales que se asignen al caso para «contribuir a que la verdad salga a la luz y que no quede ninguna duda sobre lo ocurrido».
Tres muertes
Oriunda de Polonia, pero residente en Ecuador desde hace más de una década, venía reiterando públicamente en sus redes sociales amenazas de su muerte en su contra, tras reclamar por el asesinato del periodista Robinson del Pezo, el 20 de noviembre de 2025, quien también acusaba corrupción en el sistema municipal y judicial de la provincia en su sitio de internet «La Voz del Pueblo».
Monika Silva denunció un presunto esquema de venta irregular de 93 hectáreas de tierra ubicadas en La Libertad, cabecera de la provincia de Santa Elena, del que responsabilizó al entonces alcalde de Santa Elena, Otto Vera, actualmente Viceepresidente de la Asamblea Nacional, elegido por la mayoría oficialista tras llegar como asambleísta por el Partido Social Cristiano.
El 20 de enero de 2026 también fue asesinado, de cuatro tiros, en la vía a Ancón, el abogado Víctor Tomalá Rosales, un abogado de Santa Elena, creador de contenido, que denunció haber sido amenazado de muerte por referirse al tema de la venta de las hectáreas de tierra, en sketchs cómicos que subía a redes sociales.
EFE