El comunicado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACDH), difundido el pasado viernes 29 de noviembre de 2019, contiene algunas apreciaciones subjetivas y no refleja en su real dimensión el contexto de violencia y el impacto social que tuvieron los violentos sucesos del pasado mes de octubre, ha dicho el canciller José Valencia en una comunicación que dirigió este lunes 2 de diciembre a la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
El canciller reiteró en su carta que la política del Gobierno “es de total transparencia frente a los hechos suscitados en las manifestaciones de octubre”, lo que precisamente motivó a que se invitara a la OACDH a enviar una misión al país.
“Con todo respeto a quien piense lo contrario”, anota el ministro de Relaciones Exteriores en su carta, “el comunicado pone un desmesurado acento en los supuestos excesos de la fuerza pública, mientras muy de paso describe el gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados, o la virulencia de los disturbios, que provocaron terribles efectos”.
Tras enumerar esos excesos, añade que “aunque transmitimos a la misión de la OACDH los dramáticos efectos de la violencia, vemos con desaliento que el comunicado no refleja en su real dimensión el contexto de violencia y su impacto social. Antes bien el comunicado refiere el supuesto uso excesivo de la fuerza por las fuerzas antidisturbios, apreciación que el Ecuador encuentra injustificada”.
“La fuerza pública ecuatoriana actuó dentro del marco de la ley, con disciplina y con respeto a los protocolos y estándares internacionales aplicables, bajo la presión que suponía actuar en una atmósfera de violencia extrema por parte de agresivos grupos de manifestantes”, explica el ministro en su carta. “Incluso bajo las difíciles condiciones en las que operó, la fuerza pública no empleó medios letales para rechazar los ataques de los violentos, por expresas órdenes de sus superiores. Por ello en el Ecuador no se produjeron ni heridos ni muertos por disparos de armas de fuego de la fuerza pública”, afirma de manera enfática.
Por una serie de consideraciones que también hace en su misiva, el canciller expresa a la Alta Comisionada, que cree “que las apreciaciones del comunicado a este respecto son subjetivas, no se ciñen a los hechos y reflejan solo los puntos de vista de la oposición o de entidades cercanas a los violentos. Por lo demás, el Gobierno del Ecuador confirma que la Fiscalía General del Estado investiga los casos de denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, que la Ministra de Gobierno ha informado que se desarrollarán de manera expedita, de conformidad con los procedimientos aplicables”.
Valencia anota también que “pese a la masiva conflictividad que vivió el Ecuador, el comunicado se limita a observar que ‘algunos manifestantes’ recurrieron a la violencia. Nos hemos quedados sorprendidos por ese cálculo tan frugal del número de personas que cometieron actos violentos, saqueos y hechos vandálicos, y sabotearon instalaciones públicas y negocios privados”.
Y añade que “No fueron ‘algunos’ manifestantes sino, en realidad, centenares de atacantes que en varios puntos del país y en especial en Quito actuaron de una manera concertada, con tácticas de guerrilla urbana y evidente premeditación. Pruebas de ello son que hayan usado escudos claramente fabricados en serie, lanzadores de cohetes, bombas incendiarias, a más de ejecutar ataques en grupos coordinados como los que incendiaron el edificio de la Contraloría o Teleamazonas, todo lo cual fue registrado por las cámaras de telediarios locales e internacionales”.
También llama atención “el pedido del comunicado de que las autoridades ecuatorianas ‘se abstengan de hacer declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice a los pueblos indígenas y a los extranjeros’. Se da a entender que hubo tales pronunciamientos y que posiblemente fueron múltiples. Aquello no ocurrió. No tenemos registradas palabras de autoridades que estigmaticen a otras personas por su origen étnico o nacionalidad”.
Al contrario, “acusar de estigmatización a un Gobierno como el del presidente Moreno es una apreciación injusta y que a todas luces no se corresponde con la realidad”, enfatiza Valencia y recuerda que a la misión de la OACDH se le explicó que “el Gobierno del presidente Moreno devolvió a la Conaie su edificio sede, que le había sido expropiado por el ex presidente Correa; dio amnistía a 48 líderes indígenas que habían sido apresados en el gobierno de Correa por actos de supuesto terrorismo; restableció el Programa nacional de Educación Bilingüe que Correa había cancelado; y ha acogido a casi 400 mil ciudadanos venezolanos que huía de la crisis en su país, a quienes se está regularizando en su condición migratoria en colaboración con las Naciones Unidas”.