Guayaquil, Ecuador
Tal como lo había anticipado, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no dio paso a que el pleno de ella conozca, debata y vote sobre los gravísimos cargos que pesaban sobre la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). Así, más de cien legisladores no pudieron ejercer su facultad constitucional de fiscalizar por decisión de unos seis de ellos. La votación no estuvo exenta de su dosis de comedia y cinismo. Un voto en contra del enjuiciamiento lo puso una “diputada suplente”, pues al titular al parecer le dio vergüenza dar la cara. Y otra legisladora simplemente no fue a la sesión, a pesar de estar en su despacho. Y pensar que les pagamos un sueldo a estos sujetos… Sus nombres se agregan al grueso libro de impunidad legislativa e hipocresía política.
El país ya sabe –y pronto lo va a comprobar– lo que significó esta decisión. Vamos rumbo a una elección dirigida por quienes han demostrado total incompetencia, falta de transparencia y hostilidad a la participación de la sociedad civil. Gente que no tuvo empacho en aprobar un informe legitimando la doble contabilidad de la mafia correísta; que auparon a un delincuente para que ejerza un alto cargo en el CNE; que nada hicieron ante lo ocurrido en las últimas elecciones en Los Ríos; que se burlaron del colectivo Yasunidos pese a una sentencia judicial; que aprobaron la existencia de un movimiento fundado por otro delincuente (no obstante los reparos de la Contraloría con respecto a sus firmas de apoyo) y que será usado por la mafia correísta para seguir en la palestra pública; y así por el estilo.
¿Qué garantías de seriedad pueden ofrecernos estos funcionarios? ¿De qué servirán las ya conocidas misiones de observadores extranjeros que vendrán pocos días antes de las elecciones y se irán al día siguiente, si las semillas del descalabro ya han sido sembradas? ¿Hasta cuándo el país no tiene un sistema electoral confiable, institucionalizado y moderno, un sistema que goce de la confianza de todos, y no solo de un partido o movimiento? ¿Cuándo tendremos elecciones limpias, por caridad?
Lo ocurrido, además, pone nuevamente en evidencia que la Comisión de Fiscalización debe desaparecer. Es inconcebible que el deber de fiscalización que pesa sobre el Poder Legislativo esté secuestrado por lo que resuelvan seis o siete de sus miembros. La fiscalización es una tarea irrenunciable de todos los legisladores, y no un privilegio de pocos. Pero es más, el proceso de enjuiciamiento político –que es el más importante instrumento de fiscalización– debe racionalizarse para evitar que sean los mismos legisladores los que acusen y juzguen a la vez. Esa es una de las muchas ventajas del sistema bicameral. Una cámara se encarga de la instrucción y acusación política, mientras que la otra de juzgar escuchando previamente a ambas partes. Lo ocurrido la pasada semana ha demostrado también la necesidad de eliminar finalmente a los legisladores suplentes.
La ciudadanía debe exigir una reforma constitucional que aborde estos y otros asuntos similares. Después no nos quejemos.