Quito, Ecuador
Afirma Epicteto que la divinidad otorgó a los seres humanos la facultad racional, es decir, la capacidad para hacer un uso adecuado de las representaciones. De ahí que, según el filósofo, el peor mal para un ser racional sea lo irracional.
A fin de distinguir lo racional de lo irracional, los hombres se valen de criterios externos: los beneficios posibles, y de la dignidad personal, que, basada en el sentido del valor propio, hace que un individuo no sea vulgo.
¿Qué es digno para cada uno? Lo que cada uno considere que vale para sí mismo. Así, unas personas tasarán su dignidad en mil dólares, otras en diez mil, otras en un millón. La tasarán y la venderán al que les ofrezca la cantidad en la que cifraron su valor y el de su albedrío.
Para alguien, “será razonable sostener el orinal, teniendo en cuenta simplemente esto: que si no lo sostiene, recibirá golpes y no recibirá comida, mientras que si lo sostiene no padecerá crueldad ni sufrimientos; pero a otro no solo le parece intolerable el sostenerlo, sino también soportar que otro lo sostenga” (Epicteto).
La diferente actuación de uno y otro, entonces, no puede atribuirse al influjo de factores externos, sino a los juicios y opiniones de cada persona. Estos son la causa de su acción: cada quien hace lo que piensa que está bien. Para unos, está bien robar, sobornar, extorsionar, y actúan en consecuencia. Otros venden su dignidad a precios altos. Pero, puesto que la divinidad dio a los hombres una naturaleza tal que no puedan conseguir beneficios privados que no contribuyan al beneficio común, quien obtenga un beneficio que dañe a la comunidad estará yéndose en contra de su naturaleza.
La venta de la dignidad está muy difundida entre abogados, jueces, fiscales y empleados de la función judicial en Ecuador. Les pagan por sostener el orinal del que habla Epicteto -orinales muy pesados y muy sucios- y el daño que causan a la sociedad con este oficio es inconmensurable.
El abogado de “Rasquiña” gestionó, en favor de su cliente (su amo, diría Epicteto), una decisión judicial: su libertad, que no solo violó la ley, sino que, según información de la Policía, ha desatado una ola de asesinatos en las filas de los enemigos de su banda: “Los Choneros”.
El juez José Miguel Torres López se negó a dictar prisión preventiva contra Jacobo Bucaram, ahora prófugo. Diez, diez reos ingresaron en una celda del pabellón de mínima seguridad de la Penitenciaría del Litoral y asesinaron a Shy Dahan, testigo clave en el proceso de venta ilegal de insumos médicos que se sigue contra Bucaram y sus hermanos. Nadie de los que debía proteger al prisionero estuvo ahí para impedirlo.
Y frente a la evidente, a la galopante descomposición del aparato judicial ecuatoriano, ¿qué ha hecho la Corte Nacional de Justicia, aparte de difundir algún comunicado inoficioso pidiendo que se respete la independencia de los jueces, cosa que también hizo la Asociación de Jueces y Magistrados del Ecuador?
¿Y la Asamblea Nacional y el Consejo de la Judicatura? ¿Hay algún plan, alguna idea seria y realizable para enfrentar el deterioro de la función judicial y la venta de dignidades personales que ahí se realiza del modo más impúdico? ¿Y los colegios de abogados qué proponen, qué, cuando “Rasquiña”, llevado por el prestigio que ha alcanzado la abogacía en el país, ha anunciado la apertura de su propio consultorio jurídico?
Interpelados por su indecencia y falta de dignidad, los doctores de la injusticia dirán que tienen derecho a trabajar y a ganar dinero por ello. De acuerdo. Pero, en serio, ¿no les molesta cargar el orinal.