Guayaquil, Ecuador
Una vez que se ha confirmado la teoría que la ministra fiscal general había venido exponiendo públicamente, esto es, que durante el anterior Gobierno se instaló desde la Presidencia de la República una “organización criminal” dedicada a cometer delitos como el soborno, determinación que ya la habían hecho tanto los jueces de la primera como de la segunda instancia, y que la habían denunciado los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita, toca emprender varias tareas.
La primera es iniciar los respectivos procesos para detener y extraditar a los sentenciados. La cautela que hasta ahora han exhibido las autoridades ecuatorianas con respecto a la situación de quienes se han fugado del país debería cambiar por una posición más firme. Si ya era incuestionable la culpabilidad de los sentenciados una vez que fueron rechazados sus recursos de apelación, hoy no hay motivo para continuar con esa inactividad. El líder de esta organización criminal vive cómodamente en una nación con la que el Ecuador tiene un tratado de extradición y ambas naciones son signatarias de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Durante el último año, y a pesar de los cargos formulados por la fiscal general y de las sentencias de primera y segunda instancia, el líder de esta organización delincuencial se ha dado el lujo de conspirar contra el orden constitucional y ha continuado inyectando conflictos en el Ecuador. Esa situación debería cambiar.
El Ecuador debería insistir ahora tanto con la Interpol como con los Estados donde se encuentran los prófugos y que estos sean detenidos y entregados a la justicia ecuatoriana. Los embajadores de esos países deberían ser convocados para hacerles conocer esta posición. Una posición basada en el derecho, obviamente. No en la arbitrariedad, como fue el caso del exasambleísta Galo Lara y la vergonzosa conducta del entonces gobernante de Panamá que accedió a un no menos vergonzoso pedido del Ecuador.
Otra de las tareas que urgen es continuar con, o iniciar otras acciones similares a la del caso sobornos. Decenas de ex funcionarios del anterior régimen y algunos del actual que han cometido fechorías similares o peores han estado probablemente encantados durante los últimos meses, pues quizás crean –y no sin razón– que el país se ha olvidado de ellos en vista de la atención pública que concitó el caso que acaba de terminar. Tampoco es fácil esta tarea. El fenómeno de la corrupción en Ecuador es gigantesco. Algo comparable con el narcotráfico en Colombia. La falta de autonomía de la Fiscalía, sus escasos recursos y sus limitaciones institucionales dificultan su trabajo; pero no lo hacen imposible. De allí que lo logrado por la Dra. Diana Salazar en tan poco tiempo es realmente asombroso. Y no solo se trata de delitos económicos. Hay casos como el asesinato del general Gabela, por ejemplo, que no pueden quedar impunes.
Sin embargo, la tarea más importante es la que exige de los ecuatorianos un cambio de actitud con respecto a nuestro país. Podríamos comenzar con forjar un consenso nacional de ciertas políticas públicas específicas que sienten las bases de una nación donde los gobernantes no gobiernen para sus ardientes bolsillos, y los empresarios hagan negocios y no negociados. (O)