Guayaquil, Ecuador
Se acaba de publicar el libro titulado: Estallido. La rebelión de octubre, uno de los autores es Leonidas Iza, dirigente indígena, admirador y fiel seguidor de la doctrina mariateguista.
José Carlos Mariátegui (1894-1930), político peruano, conocido también como Amauta (maestro en idioma quichua), se lo considera como el primer marxista de Latinoamérica, él mismo se calificaba como “marxista, convicto y confeso”.
El docente peruano José Humberto Flores, en su libro Pensamiento Político y Social de José Carlos Mariátegui, señala: “El indio operó en el pensamiento mariateguiano como el lugar social, económico y cultural desde donde se deben colocar los problemas. En este sentido, la solución de los problemas estribará en colocar el problema del indio y para el indio como el lugar desde el cual se resolverían los problemas de la nación” y para ver con mayor claridad, acota: “El papel que Marx atribuyó al proletariado en la lucha de clases, Mariátegui se la atribuyó al indio. Ciertamente Mariátegui no trató el problema del indio como problema étnico, sino que persistía siempre en la idea de que el socialismo y el indigenismo debían confluir el uno con el otro”.
El pensamiento mariateguista, influyó en la creación del partido comunista peruano y más tarde en los miembros de la demencial organización terrorista de Sendero Luminoso y ahora ha sido tomado como referente, la dirigencia más radical de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
En octubre pasado con el pretexto de reclamar por la eliminación de los subsidios a los combustibles y amparados en el derecho a la resistencia se cometieron actos que lindan con la subversión y el terrorismo; destruir la ciudad, incendiar la Contraloría, agredir y secuestrar a periodistas, militares y policías, suspender los servicios básicos, intentar ingresar a un cuartel militar, utilizar armas artesanales, saqueos, destrucción de vehículos militares, etc. todo esto se inscribe en los planes de desestabilización de los gobiernos democráticos, de la mano del Foro de Sao Paulo, ahora, mimetizados en el Grupo de Puebla.
Recordemos que desde uno de los llamados “Centros de paz”, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, devenido en poderoso júpiter tonante, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que “le quiten el apoyo a ese patojo de mierda” (refiriéndose procazmente al presidente Moreno), asimismo dijo: «He ordenado, como amazónico, que cierren todos los pozos petroleros”, esta orden irresponsable privó a las escuálidas arcas del Estado ecuatoriano, recibir algunas decenas de millones de dólares.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece en su “Artículo 346.- Paralización de un servicio público.- La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Posteriormente, el mismo Jaime Vargas, suelto de huesos, hizo un llamado a la creación de un “ejército propio” del movimiento indígena: “Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria, tenemos que hacer nuestro propio ejército, que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”; luego, agregó: “Esta declaración, nace de nuestro derecho a la autodeterminación y es parte constitutiva del pluralismo jurídico, para vigilancia, control, alarma, protección y defensa de nuestros territorios y comunidades”.
Igualmente, el COIP, en su Art. 349, señala: “Grupos subversivos.- La persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas, destinadas a subvertir el orden público, sustituir las fuerzas armadas y policía nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.
No sancionar con el rigor de la ley, deja precedentes nefastos, los responsables quedan en la impunidad y amenazan con volver a repetir sus acciones vandálicas. Las autoridades civiles y militares están en la obligación de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de sus bienes, frente a las funestas pretensiones de sembrar el caos y desestabilizar el estado de derecho. El país exige sanción a los responsables de la criminal violencia y de los actos de demencial terrorismo. Dura lex, sed lex.
El libro de marras, debería titularse: Terrorismo. La subversión de octubre.