El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Quito ha declarado la inocencia contra Fernando Alvarado en el caso conocido como Secom, en donde se investiga un presunto delito de peculado en la producción de las sabatinas del expresidente Rafael Correa.
Hoy, durante la reinstalación de la audiencia de juicio, los jueces Iván León y Daniella Camacho, votaron a favor de la inocencia además de los otros investigados en este caso: Carlos Bravo Segovia, gerente de Gota Azul; Pablo Yánez Saltos y Patricio Pacheco Vasquez, exsubsecretarios.
El otro juez de la Sala, Iván Saquicela, sí consideró la existencia del delito de peculado.
La Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta de Twitter, ha informado que apelará el fallo.
En Febrero del año 2018, la Contraloría General del Estado, emitió un informe con responsabilidad penal relacionado con los procesos de contratación y realización de las sabatinas que vinculaba a varios funcionarios de la Secom y contratistas.
Fernando Alvarado, que se encuentra prófugo, presuntamente en Venezuela, fue aprehendido en Manta el 8 de agosto por agentes del GIR, luego que no acudió en dos convocatorias al llamado de la Fiscalía, que iniciaba las investigaciones por el presunto delito de peculado en la organización de las sabatinas del gobierno de Rafael Correa.
Fue trasladado a Quito en donde se le formuló cargos y una jueza le prohibió salir del país, que se presente periódicamente ante la justicia y que utilice grillete electrónico.
Dos meses después se despojó del grillete electrónico y se fugó a Venezuela.
El pasado 15 de julio, durante la audiencia de juicio, La Fiscalía sostuvo que el hecho investigado se suscitó de mayo a diciembre de 2014, en la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), dirigida por Fernando Alvarado, quien junto a Pablo Yánez y Galo Pacheco contrataron a Víctor Hugo Sarango, como técnico audiovisual del enlace ciudadano, sin que este cumpliera con los requisitos para el cargo.
Sarango tenía una relación laboral con el Estado, pero en los informes de actividades que enviaba, constaba que también entregaba productos comunicacionales a Carlos Bravo, de quien recibía disposiciones. Este hecho era conocido y aprobado por los funcionarios públicos antes mencionados, quienes disponían el pago de sus haberes.
Asimismo, Carlos Bravo habría suscrito un contrato con la Secom por 189.000 dólares más IVA, pero –para cumplirlo– presentó el trabajo de Víctor Hugo Sarango. Es decir, de acuerdo con Fiscalía, Carlos Bravo utilizó un trabajador remunerado por el Estado para su beneficio y la Secom pagó dos veces por los mismos productos, que regularmente eran videos en los que se atacaba y humillaba a periodistas críticos con el régimen.