La audiencia preparatoria de juicio en el caso del informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, continuará el 16 de diciembre después de tres horas y media en las que se ha analizado los elementos para la posible nulidad de la fase de instrucción fiscal.
«Se instaló la primera fase de la audiencia que es cuestiones que pueden afectar la validez (del proceso), entre esos la vulneración de los derechos de Ola Bini», dijo el abogado defensor José Charry al terminar la audiencia.
Y agregó que la defensa ha argumentado «todas las vulneraciones en su contra en el momento de la detención», porque no se le informó siquiera de las razones, o por haber sido nombrado en los medios, entre otras presuntas violaciones.
«Considerando que eso no puede darse en un Estado constitucional, eso es lo que se ha impugnado», subrayó.
El proceso, en la que también está involucrado el ecuatoriano Marco Argüello, se inició por un delito de acceso no consentido a sistemas informáticos de Ecuador, y se celebra bajo una misión de observación de diversas ONG para garantizar la integridad del mismo.
Bini, que niega los hechos que le atribuye la Fiscalía ecuatoriana, se presentó a primera hora en el Complejo Judicial Norte, en Quito, con su otro abogado, Carlos Soria, quien en declaraciones a Efe dijo el miércoles que espera la nulidad de la causa por violación sistemática de los derechos de su cliente.
En ese sentido, la jueza Yadira Proaño, que encabeza el tribunal, inició la audiencia con la demanda de la defensa de que el proceso sea anulado.
El 16 «la jueza va a declarar si se vulneraron los derechos fundamentales de Ola Bini o no, porque para poder analizar el proceso primero es necesario ver si es que fue legítimo, y después pasaríamos a analizar el caso», explicó Charry a los medios.
Bini, de 38 años, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que Ecuador pusiera fin al asilo en su embajada en Londres del fundador de WikiLeaks.
El informático, que se encuentra en libertad vigilada desde junio de ese año, tras la intervención a su favor de un tribunal, aseguró entonces que en Japón iba a hacer unas prácticas de artes marciales, aunque las autoridades ecuatorianas consideraron que trataba de huir.
En un principio lo acusaron de un delito grave de piratería informática, ataque a la integridad de sistemas informáticos, pero con el tiempo la Fiscalía redujo la gravedad a «acceso no consentido».
Su caso debió haber sido procesado en 2019, pero los disturbios populares de octubre de aquel año y otros elementos de agenda fueron aplazando el caso, hasta que la pandemia hizo imposible retomarlo.
Y después de cinco aplazamientos, Proaño retoma el caso con dos resultados posibles: que no acoja la acusación fiscal y considere que no existen elementos suficientes para abrir juicio, o que se dicte un auto de llamamiento a juicio para que un tribunal decida la inocencia o culpabilidad de Bini.
En sus declaraciones, Soria atribuyó todo la responsabilidad del caso a la ex ministra de Gobierno (Interior) María Paula Romo, depuesta la semana pasada por la Asamblea Nacional, a la que acusó de «ensañamiento» con su cliente.
«En un momento pareció como que hubiera sido el hacker internacional, terrorista, más grande del mundo», manifestó Soria, y después ha resultado ser «una persona que entró a una página web y se quedó ahí sin permiso de su titular».
Durante el proceso, la Fiscalía ha tratado de establecer una relación entre WikiLeaks y las actividades del informático en Ecuador, por lo que en su momento denunció más de una docena de visitas de Bini a Assange en la Embajada de Londres.
Soria, quien asegura que Bini fue detenido «arbitrariamente» durante 70 días, anotó que, incluso si sobreseen a Bini, analizarán si inician acciones internacionales «puesto que las infracciones y violaciones a derechos, ya se cometieron». EFE