Fiscalía justifica demora en protección al Defensor del Pueblo

La Fiscalía de Ecuador justificó este martes la demora en la asistencia al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien ha solicitado que se le incluya en un sistema de protección a víctimas y testigos tras recibir amenazas de muerte por un informe sobre la represión de las protestas sociales en 2019.

«Hasta la presente fecha ha sido imposible concretar las entrevistas con los solicitantes debido a la falta de disponibilidad en sus agendas«, aseguró este martes la Fiscalía en un comunicado por redes sociales.

Reconoció que el pasado 10 de marzo, el Ministerio Público recibió la solicitud de protección, por lo que un agente fiscal se contactó con Carrión y su familia para «elaborar los informes técnicos y hacer los análisis de riesgo respectivos, previo a su ingreso» al sistema.

La Fiscalía recordó que la Constitución establece que el otorgamiento de protección «está sujeto al principio de voluntariedad, es decir que se requiere la cooperación de los solicitantes para gestionar su inclusión de manera oportuna«.

El pronunciamiento se produjo poco después de que la Defensoría del Pueblo presentara a la Fiscalía un informe sobre las duras protestas de octubre de 2019 que dejó, según el organismo, seis personas muertas y más de dos centenares de denuncias de vulneración a los derechos humanos.

Y solicitó que la Fiscalía prohíba la salida del país del presidente Lenín Moreno y otros altos funcionarios del Gobierno, sobre quienes sospecha presuntos delitos de lesa humanidad durante esas protestas.

Además, sostuvo que, si la Fiscalía lo considera, «formule cargos de manera urgente» y requiera a un juez de la Corte Nacional de Justicia que dicte «las medidas cautelares personales previstas en la ley».

Según Carrión, a raíz del informe ha «recibido múltiples amenazas» contra su integridad física y la de su familia, por lo que insistió en que «resulta fundamental contar con protección especializada».

La demanda del defensor se basa en un informe elaborado por una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, constituida a expensas de la entidad para investigar los hechos de violencia en octubre de 2019.

«Las violaciones a los derechos humanos registradas tienen relación con violaciones al derecho a la integridad personal, que incluye lesiones oculares graves, al derecho a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida y violencia sexual», según la denuncia.

Las manifestaciones estallaron tras la aplicación de un decreto del Ejecutivo que suprimía los subsidios a los combustibles, una medida que formaba parte de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional.

Carrión identificó como autores o encubridores del delito denunciado, o que puedan tener conocimiento del mismo, al presidente Moreno, a la exministra de Gobierno María Paula Romo, al excomandate de Policía Nelson Villegas, al director de Operaciones de la Policía Patricio Carrillo, y al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, entre otros.

Este último calificó hoy el informe de «discriminatorio, parcializado, incompleto y sesgado», y afirmó que las Fuerzas Armadas «no dispararon un solo tiro», que «jamás se utilizó armamento letal», y que cumplieron con su deber constitucional de dar apoyo durante el estado de excepción para estabilizar la situación de conflictividad en el país. EFE

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