Guayaquil, Ecuador
El incidente sucedido en Guamote en días pasados, en el que su alcalde impidió, piedra en mano, el ingreso a dicha ciudad al candidato Guillermo Lasso y su comitiva (“monos malditos…”) para asistir a un mitin político, es un tenue reflejo del enorme laberinto de ingobernabilidad que el Ecuador ha ido construyendo en los últimos años.
Como el bloqueo de Guamote, hay otros bloqueos en el Ecuador, quizás de efectos más profundos y nocivos. Todos ellos tienen como común denominador el secuestro de la política por el caciquismo de intereses económico, políticos o regionales. Así como al alcalde de Guamote lo que le interesaba era defender su estrecho nicho de poder geográfico y electoral frente a las ideas y presencia de un adversario suyo, así la mayoría de los actores políticos han ido construyendo sus pequeños nichos de intereses y privilegios de todo género, sus propios Guamotes, por así decirlo; pequeñas fortalezas ante las cuales deben doblegarse los intereses nacionales.
El resultado es un sistema político que hace imposible gobernar en democracia, un sistema paralizado que lejos de encauzar y responder a las diversas demandas sociales, lo que hace es congelarlas bajo la tutela de los dueños de cada una de estas parcelas, quienes no ceden un centímetro de sus señoríos sino reciben algún beneficio personal o de otro género.
El Ecuador necesita un gran acuerdo de gobernabilidad. No hay otra forma de enfrentar las profundas crisis que venimos arrastrando y las que se avecinan. Para ello se requieren, por encima de todo, liderazgos comprometidos con la democracia constitucional.
¿Por qué no comenzar a respetar la Constitución? ¿Por qué no comenzar aceptando la separación de poderes? Obvio, dirán algunos. Y, en efecto, un compromiso de respeto a la Constitución no debería formar parte de un pacto de gobernabilidad.
La Constitución no se negocia, sino que se cumple. En muchas naciones donde las élites han llegado a acuerdos de gobernabilidad para enfrentar grandes crisis, como la nuestra, ellas han dado por un hecho ese respeto para con las reglas constitucionales. Y es sobre ese entendimiento que han forjado grandes acuerdos sobre políticas públicas, límites del accionar político, rol de la oposición, y otros temas.
Pero el problema es que en el Ecuador ni esa premisa existe, o es de dudosa consistencia. Esto puede verse, por ejemplo, en el tratamiento del poder judicial. Buena parte de nuestra dirigencia ve a la justicia como un natural comodín de su propiedad, ya sea como instrumento de protección a su favor o de destrucción hacia otros.
Esa es la lógica que hemos heredado de décadas de politización judicial. A muchos les resulta inconcebible que las actuaciones de la Fiscalía y del poder judicial contra la corrupción no respondan sino a esa relación binaria: impunidad o persecución. Y hay muchos otros ejemplos.
Un pacto de gobernabilidad es urgente en el Ecuador. Las tormentas que se avizoran no podrán capearse sin el concurso de todos, incluyendo el de la oposición. Pero será imposible construirlo si no existe un compromiso para con la Constitución y la democracia. Por ello es que sigo creyendo, como lo expresé antes de las elecciones de primera vuelta, que Guillermo Lasso es la mejor opción para semejante tarea. (O)
