Guayaquil, Ecuador
Un buen dia amanece el predio invadido. Sea una hacienda, una propiedad agrícola, un terreno en la ruta del Spondylus o en cualquier lugar del agro ecuatoriano. Se hace la denuncia ante el representante del MAG o ante el Intendente de Policía de la provincia en cuestión. El MAG es el encargado de hacer la inspección del caso. La hace, constata la invasión y ………manda el informe a Quito.
Sí, a Quito, al Ministerio de Gobierno. El Subsecretario competente, que siempre está ocupadísimo, a veces ordena otra inspección, a veces no. Pero revisa el tema y lo envía a la Comandancia General de Policía donde el tema vuelve a revisarse. Finalmente, luego de unos 4 meses mas o menos, la policía dispone el operativo de desalojo.
Muchas veces va y lo que empezó con una casita ahora, luego de 4 meses, tiene 50. Y el operativo no puede hacerse. Este no es un problema de este gobierno, sino que tiene varios años, pero no termina de arreglarse. Antiguamente el intendente o el jefe político constataba la invasión y la orden la daba el gobernador de la provincia. Alguien cambió todo en el camino, restringió las facultades de los gobernadores y centralizó la orden de desalojo en Quito. Una barbaridad. Es indispensable que se cambien las normas reglamentarias y se devuelva al gobernador de cada provincia la facultad de, previa inspección, ordenar el desalojo si es pertinente. No se puede permitir que las invasiones se consoliden debido a la lentitud con la cual procede la administración pública.
Un segundo problema es Recycob. Esta es una sociedad anónima que adquirió la cartera del Banco Central para cobrarle a los deudores de la banca cerrada. A los que deben, naturalmente. Solo que Recycob piensa que todos deben. Y ejerce la jurisdicción coactiva a diestra y siniestra.
Los últimos días ha resucitado juicios coactivos iniciados y concluidos el año 2.000. Y ha vuelto a enviar a los “clientes” autos amedrentadores indicando que la coactiva “se reactiva”. Lo que obliga al ciudadano a volver a explicar lo que ya dijo hace varios años. La mayor parte de las veces no hace ningún caso y vuelve a ordenar medidas cautelares.
Recycob no investiga, no analiza, no provee lo que no le favorece, no despacha a tiempo y cuando despacha, coacciona. Para Recycob no existe la ley del año 2017 que extinguió las deudas si el valor de las garantías reales originales era mayor al del capital, lo que debe ocurrir siempre, pues no hay banco que preste con garantías de valor inferior a lo que presta. Recycob pertenece en su mayoría a la CFN, la que debe poner en cintura a sus funcionarios y básicamente a quienes han visto en la coactiva una herramienta de coacción económica.
Uno tercero es la acción extraordinaria de protección. Hoy es una cuarta instancia. Los juicios normales deben terminar cuando se resuelve el recurso de casación, establecido justamente para corregir violaciones a la ley u otras infracciones cometidas por los tribunales de instancia. Pero desde que en Montecristi se inventó esta acción extraordinaria la seguridad jurídica, que es una de las garantías que siempre se invoca para presentarla, pende de un hilo.
¿Por qué? Pues porque la Corte Constitucional puede tardar años en resolverla, y si la resuelve en contra de lo que se decidió en casación puede desarticular una serie de situaciones jurídicas consolidadas y consumadas, ya que la presentación de la acción no suspende la ejecución de la sentencia recurrida.
En resumen y en castellano, una persona puede pagar una deuda cuantiosa en virtud de la ejecución de una sentencia y después de 5 años la Corte dice que la sentencia que ordenó pagar la deuda violentó los derechos constitucionales. De ahí que muchos jueces se cuidan de ejecutar los fallos hasta que “la corte hable”. Y la Corte habla tarde.
Esta acción debe mantenerse como ultima instancia de las acciones de protección o amparo constitucionales, no como instancia adicional en los juicios ordinarios. Siempre hablamos de los grandes temas nacionales y eso es lo que copa la televisión y los noticiarios. Pero estos problemas son la noticia diaria en la vida de muchos ciudadanos.