Ecuador incorporará el próximo noviembre a 1.400 nuevos agentes penitenciarios para combatir la inseguridad, que el año pasado dejó 316 presos fallecidos en reyertas de bandas vinculadas al narcotráfico, informó este viernes el director general del Servicio Nacional Penitenciario, general Pablo Ramírez.
Los agentes recibirán instrucción «del primer centro de formación penitenciaria con ayuda de la academia», donde se capacitarán tanto directores de centros de rehabilitación, como guías de prisiones, precisó el responsable del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
El anuncio se produce un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiera a Ecuador recuperar el control de sus cárceles y prevenir los crímenes en un informe que siguió a una visita al país en diciembre pasado.
En ese documento, precisamente, el órgano interamericano consideró elemental incrementar el personal de prisiones a cargo de la seguridad y vigilancia de los centros penitenciarios.
Primeras acciones
Ramírez recordó que uno de los ejes principales de la Administración ecuatoriana en la materia es la profesionalización de guías y directores de prisiones, y que entre las primeras acciones adoptadas está la reducción de la población penitenciaria, otro de los requerimientos que anotan los organismos internacionales.
«Estamos en un constante diálogo con los privados de libertad para ir realizando un control de las cárceles y de esta manera contribuir a la rehabilitación», acotó el alto funcionario.
El Gobierno ecuatoriano presentó el mes pasado «la primera Política Pública de Rehabilitación Social del Ecuador con énfasis en la promoción de los derechos humanos», a la que se han destinado cerca de 27 millones de dólares para su ejecución.
El SNAI inauguró este viernes en Quito el primer congreso internacional de Criminología Penitenciaria, Psicología Criminal y Seguridad Ciudadana, donde expertos de la región y organismos especializados dieron a conocer las mejores prácticas.
José Antonio Pérez, director general de Prevención y Reinserción social del Estado mexicano de Jalisco, manifestó en una ponencia que la reinserción social fue tradicionalmente considerada una tarea menor y esa «equivocada percepción hizo que el sistema penitenciario o carcelario fuera considerado solo un ente punitivo del Estado».
Resaltó la importancia del sistema de clasificación penitenciaria, porque dijo, «un error de la autoridad penitenciaria permitiría que un interno inmediatamente fuera agredido y asesinado por la banda rival».
Y recomendó «no seguir abusando de la prisión preventiva» tras poner el ejemplo mexicano, donde aseguró que buena parte de los delitos patrimoniales se generaban desde las prisiones.
Las cárceles no son bodegas humanas
Claudia Milena Garzón, comisionada de Pacificación Penitenciaria y directora de la Unidad de Análisis Criminal de Colombia, aseguró que «las cárceles no son bodegas de carne humana» y que «pacificar es humanizar, conocer las realidades que existen intramuros».
La especialista pidió entender el complejo entramado criminal que se extiende en las prisiones, incrementar las labores de prevención del delito en el contexto penitenciario y desarrollar un trabajo de inteligencia estratégica dentro y fuera de las cárceles.
Por su parte, el representante de la Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito para Perú y Ecuador (UNODC), Antonio De Leo, desgranó un diagnóstico de la situación carcelaria en Ecuador, en el que figura el aumento acelerado de la población carcelaria como fenómeno multicausal; la seguridad comprometida en las prisiones y agravada por la corrupción; la falta de políticas eficaces; y las condiciones inhumanas de privación de libertad.
Para paliar esta situación esa entidad de la ONU propuso una Hoja de Ruta con varios componentes: mejorar la seguridad, reducir el hacinamiento y el uso excesivo del encarcelamiento, mejoras en la rehabilitación y reinserción social, así como en las condiciones de privación de la libertad y la presión penitenciaria.
«Una política de prevención de drogas, de tratamiento y rehabilitación, así como una política de justicia criminal en línea con los estándares internacionales reduciría el hacinamiento carcelario», concluyó De Leo. EFE (I)