Guayaquil, Ecuador
Esa fue la calificación que obtuvo Carlos Pólit en el concurso para ser reelecto contralor general, concurso que convocó en 2012 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Años más tarde, a pesar de que la Constitución lo prohibía, fue reelecto nuevamente con un puntaje similar.
Durante 15 años dirigió el organismo encargado de cuidar los dineros públicos por parte de los funcionarios de toda jerarquía, desde alcaldes y prefectos, hasta ministros, presidentes y legisladores. El exdictador Correa lo calificó en su momento como un contralor “de lujo”. La alabanza es explicable. Pólit encubrió al régimen más corrupto de nuestra historia.
Pero no solo que lo encubrió, sino que se benefició de él. A tal punto que llegó a jactarse que él prefería recibir coimas al contado, obligando a Odebrecht a alquilar una suite en el mismo piso de la suya y así hacerle las entregas del dinero de una forma más sigilosa.
Hoy, gracias al trabajo decidido y coordinado de la ministra fiscal general, Dra. Diana Salazar, y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y otras fiscalías de la región, Pólit duerme en prisión y enfrenta cargos que sumados llegan a los 100 años. Es decir, un año por cada uno de los puntos que obtuvo en el concurso que lo llevó a ser contralor en el Ecuador.
Pólit creyó que por tener doble nacionalidad podía escapar de sus delitos cometidos en Ecuador.
Tremendo error. La política judicial de los Estados Unidos ha evolucionado sustancialmente en esta área. Dicha nación cada vez más no quiere ser vista como un paraíso donde se escondan individuos que hayan cometido delitos, no solo en su territorio sino en el exterior, sin importarle nacionalidad o la existencia de tratados de extradición.
La Foreign Corrupt Practice Act de 1977 es un ejemplo de ello. La ley, aprobada por el Congreso Federal en reacción a las investigaciones posteriores al golpe de Estado en Chile, sanciona al estadounidense que haya cometido delitos de corrupción (sobornos, etc.) aun cuando dichos delitos hayan ocurrido en otras naciones y no hayan causado necesariamente un perjuicio a los Estados Unidos.
Por años la ley quedó en letra muerte. Pero en las últimas décadas el Departamento de Justicia ha comenzado a aplicarla vigorosamente. De hecho, decenas de estadounidenses guardan prisión gracias a esta ley. Pólit será uno de ellos. Esta ley, sin quererlo quizás, fue el primer paso de algo que se está hablando ahora: convertir a la corrupción en un delito de lesa humanidad, y por lo tanto sujeta a la jurisdicción universal y no al principio de territorialidad.
Pólit, y luego su sucesor, hicieron de la Contraloría una red de corrupción impresionante. Cultivaron aliados poderosos, concedieron favores a cambio de impunidad. El cargo es probablemente uno de los de mayor poder en el Ecuador. Las dificultades de la fiscal general para avanzar en el caso Las Torres así lo demuestra.
Allí está la explicación del hambre que tienen por asaltar al Consejo de Participación, la Contraloría General, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General, así como la Presidencia de la Asamblea. Ahora se entiende por qué los líderes de la oposición no hayan aplaudido el apresamiento de Pólit, como lo ha hecho todo el país. Su hipócrita silencio es elocuente. (O)
