Guayaquil, Ecuador
La Constitución consagra el derecho a la resistencia, pero las acciones protegidas por este derecho no deben desbordar en hechos de violencia, vandalismo, peor en actos subversivos o de terrorismo.
Para garantizar la seguridad y la paz social, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, este es un mecanismo fundamental para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de los derechos de los ciudadanos.
No hay que olvidar que en el gobierno de Rafael Correa las manifestaciones de los indígenas fueron reprimidas brutalmente, el 27 de septiembre de 2009. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) protagonizó un levantamiento indígena nacional contra la Ley de Minería, aprobada por el gobierno, y la Ley de Aguas; el 30 septiembre, Bosco Wisuma, un profesor indígena bilingüe, murió en el puente sobre el Río Upano donde estuvieron manifestantes de la nacionalidad shuar; igual, indígenas saraguros participaron en una protesta -17/08/2015- bloquearon las vías Cuenca-Loja, 29 manifestantes fueron encarcelados; 2 indígenas fueron sentenciados a 4 años de prisión por obstaculización del servicio público, recordemos cómo fueron agredidos salvajemente los dirigentes indígenas Salvador Quishpe, Yaku Pérez y su compañera por participar en manifestaciones contra el gobierno corrupto y represivo de Rafael Correa.
En octubre de 2019 se dieron actos vandálicos protagonizados por indígenas, subversivos y fanáticos seguidores de Rafael Correa con la clara intención de atentar contra el orden constituido, nunca antes la capital y el país habían sufrido tanta violencia, destrucción y caos; los responsables nunca fueron procesados, simplemente quedaron en la impunidad.
Los miles de indígenas que llegaron a la capital en octubre de 2019 se les facilitó las instalaciones de la Casa de la Cultura y de las Universidades Católica y Salesiana. En su interior se albergaron los indígenas y pasaron a llamarse “Centros de Paz”, por sus facilitadores; que de paz no tenían nada. Ahí se reunían los dirigentes para planificar los actos de agresión a Quito, mantuvieron secuestrados y vejados a policías, a periodistas. Para el ministro de Defensa de aquel entonces, estos lugares “eran centros logísticos de abastecimiento para manifestantes y grupos que actuaban vandálicamente”.
Las declaraciones que hicieron en esos días los dirigentes indígenas Salvador Quishpe son elocuentes, especialmente de Lourdes Tibán, públicamente denunció que en el “Centro de paz” había un grupo de indígenas que querían “botarle a Moreno” y que la mediación que intentaron hacer Quishpe y su esposo, les costó que sean señalados como “vendidos”, ante esta situación Lourdes Tibán, tuvo que “huir del sitio”.
Una vez más nuestro país es víctima de paralizaciones violentas, agresiones a militares y policías, saqueos, destrucción de bienes públicos, intentos de desestabilización de la democracia encabezados por el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza Salazar, un dirigente mestizo radical que profesa el comunismo maoísta seguidor del demencial movimiento terrorista “Sendero Luminoso”, que llenó de sangre y muerte al Perú y que quiere implantar en nuestro país la dictadura indoamericana.
Para conseguir sus aviesos propósitos ha movilizado a miles de indígenas a la capital, para albergar a su gente ha conseguido que las autoridades de la Universidad Salesiana presten sus instalaciones con la justificación que es “Zona de Paz y acogida humanitaria para mujeres, niños y adultos mayores de sectores indígenas que se encuentran en la capital”.
Igualmente, las autoridades de la Universidad Central han decidido facilitar sus instalaciones y abrir los llamados “Centros de asistencia humanitaria” para la población indígena que arribe a Quito por el paro nacional.
No nos engañemos, estos lugares son centros logísticos de abastecimiento para grupos de indígenas que actuaron vandálicamente en octubre de 2019 y que han vuelto ahora para agredir salvajemente a Quito y atentar contra el gobierno legítimamente constituido.
Las autoridades de estas universidades deberán asumir sus responsabilidades ante la ley por los actos vandálicos de sus protegidos.
