Guayaquil, Ecuador
Con el correr de los días comienzan a salir a la luz varios hechos que de alguna manera permanecieron borrosos durante los aciagos 18 días en los que el Ecuador fue víctima del terror y la violencia.
Algunas dudas, muchas preguntas y pocas respuestas. La corrupción de la mayoría golpista incrustada en la Asamblea, con su presidente a la cabeza, ha quedado al descubierto. Un informe técnico confirmó que en efecto cuatro curules fueron hackeadas para distorsionar la voluntad de sus titulares. No contentos con torcer el sentido del art. 130, numeral 2, de la Constitución, decidieron cometer un delito informático para ver si lograban su objetivo.
No solo eso. Como se recordará, llegaron incluso a amenazar a asambleístas para la votación. ¿Cómo pudo suceder semejante salvajismo? Amenazar a un testigo para afectar su voluntad es un delito gravísimo en cualquier parte del mundo. No se diga intimidar a un legislador. ¿Cuántas veces estas tácticas delincuenciales han sido usadas por los asambleístas? ¿Cuántas leyes han sido aprobadas de esta forma? ¿Cómo entender la sinuosa conducta del presidente de la Asamblea ante semejantes hechos?
Y encima estos señores han dicho –palabras más, palabras menos– que podrían volver a ejercer la facultad del referido artículo constitucional todas las veces que les dé la gana. Una interpretación inadmisible, pues, con ello el Ecuador habría dejado de tener un sistema presidencial para adoptar uno parlamentario en violación de la Constitución.
Luego están los daños. ¿Quién va a responder por los actos de terror? ¿Quién va a pagar los daños económicos infligidos a los comercios, fábricas, centros de producción, agricultores, bienes públicos y, en general, gente común y corriente cuyo patrimonio fue menoscabado por la violencia que provocó la dirigencia indígena?
¿Quién responde por la angustia, el miedo y la ansiedad que causaron en millones de ecuatorianos? ¿Qué reparación se les va a exigir a los funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales, de los centros educativos y de otras entidades que contribuyeron a la violencia? ¿Ninguna?
No puede una organización con personería jurídica simplemente desentenderse de los daños que provocan sus acciones, como no lo pueden hacer las corporaciones u otros sujetos de derecho. La excusa de los infiltrados no tiene asidero jurídico. La Conaie asumió acciones de alto riesgo. No era la primera vez que terminaban en inmensos daños y, sin embargo, nada hizo para mitigarlos.
Más crítico es el tema del financiamiento. Los 15 o más millones de dólares que se gastaron en el intento de golpe de Estado ¿de dónde vinieron? Se nos dice que provinieron de aportes voluntarios del pueblo. ¿Qué dice la contabilidad de la Conaie? Y si es verdad que lograron obtener semejante cifra con simples aportes voluntarios, ¿no podrían ahora recaudar igual suma de dinero para reparar los daños causados o esos aportes solo sirven para destruir? Y pensar que todo ese terror, violencia y destrucción solo sirvió para beneficiar a ciertas mafias.
La tranquilidad que exhiben los responsables de todas estas atrocidades –golpistas en la Asamblea, terroristas en las calles, etcétera– da cuenta del grado de impunidad del que gozan, impunidad que solo una fuerza como el narcotráfico puede asegurarles. (O)
