Madrid, España
El caos sangriento generado la semana pasada por el crimen organizado en varias ciudades de México, entre ellas Ciudad Juárez, no es solo la enésima muestra del horror de una violencia que todavía actúa sin control en algunos territorios. La exhibición de poder del narco, con el asesinato de una decena de personas, bloqueos de caminos, quemas de comercios y vehículos, supone en sí misma un mensaje a las autoridades.
Es decir, los carteles, aun en disputa entre ellos por el control de las principales plazas, tienen la capacidad de poner en jaque al Estado. Así lo acaban de hacer durante días. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador calificó lo sucedido de “propaganda criminal” y ha defendido que “la estrategia de seguridad federal está dando resultados”.
Tan categórica afirmación choca, no obstante, con la ola de violencia contra civiles más virulenta de este mandato. La gravedad de la situación tiene una traducción en cifras oficiales: en México se perpetran unos 100 asesinatos cada día y han desaparecido más de 100.000 personas desde que hay registros, 33.000 durante la actual Administración.
El presidente quiso dar un giro al esquema de lucha contra el crimen de sus antecesores. Especialmente con Felipe Calderón, entre 2006 y 2012, se convirtió en una guerra con despliegue de las Fuerzas Armadas y un impacto durísimo en la población. López Obrador adoptó, en cambio, una política de “abrazos, no balazos”, como él mismo la bautizó y suele repetir. Más allá del pegadizo eslogan, el plan tenía un propósito: apostar por el desarrollo y el trabajo de información y evitar un enfrentamiento directo que tuviera un efecto multiplicador de la violencia.
La estrategia ha costado al Ejecutivo críticas feroces de la oposición, que acusa al mandatario de abandono de responsabilidades frente a la agresividad sin control del narco. También Estados Unidos ha mostrado en varias ocasiones su preocupación, puesto que algunas de las zonas más golpeadas se encuentran cerca de la frontera. Tanto quienes fueron incapaces de poner freno a la violencia durante las últimas administraciones como EE UU, donde se nutren de armamento los grupos criminales, tienen responsabilidad sobre el momento que atraviesa hoy México.
El reto trasciende a López Obrador. Desde el exterior, conviene que el desafío se aborde con una perspectiva regional, con una mayor coordinación de los países afectados y una mayor implicación e inversión de Washington. La afinidad que han mostrado Joe Biden y López Obrador en otras cuestiones sería un buen punto de partida para intentarlo. A nivel interno, pese a las objeciones que se puedan formular al camino emprendido por el presidente mexicano, la política de seguridad debería ser un asunto de Estado e interpelar a la mayoría de las fuerzas políticas para tratar de definir un acuerdo de mínimos. De lo contrario, el terror seguirá su avance implacable.
