Se conoció que el informe borrador de la Comisión de Fiscalización, hoy 22 de agosto de 2022, recomienda el archivo del juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura. Así lo informó su Presidente, Fernando Villavicencio.
Este informe contiene 10 conclusiones y 13 recomendaciones sobre el pedido de juicio político en contra de tres vocales del Consejo de la Judicatura y su expresidenta María del Carmen Maldonado.
El documento es debatido por la Comisión de Fiscalización.
La sesión de debate empezó cerca de las 16:00, justo a un día de que termine el plazo que tiene esta Mesa para entregar el informe no vinculante que irá al Pleno para una resolución. El texto contiene 135 páginas.
Reacciones sobre el informe
Medularmente, el informe borrador recomienda:
«Archivar la solicitud de juicio político, en virtud de que la solicitante no ha demostrado, a través de la práctica del acervo probatorio, que los mencionados funcionarios cuestionados hayan incurrido en incumplimiento de funciones».
La solicitud de interpelación fue presentada por los asmableístas correístas Viviana Veloz y Fausto Jarrín (antes de que renunciara a la Legislatura para dedicarse como abogado en la defensa del exvicepresidente Jorge Glas, y otras figuras del correísmo).
Dicha interpelación se basa en siete causales que tienen relación con el proceso de evaluación y destitución de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que se dio en 2019.
Además de la expresidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, este proceso involucra al actual presidente, Fausto Murillo, y los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno.
La solicitud no incluye como pruebas los audios filtrados en redes sociales sobre supuestas presiones a los jueces.
Bruno Segovia, asambleísta de Pachakutik, abadonó la sesión de la comisión.
Según él, «cansado de las metidas de manos políticas en la justicia, durante sesión para presentar informe del juicio político a vocales de la Judicatura», dijo.
Recomendaciones del informe borrador
- 1. Se concluye que el proceso de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, no fue una decisión autónoma tomada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, sino más bien un exhorto realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
- 2. El proceso de evaluación ha sido ampliamente reconocido y validado, en su forma, por la Corte Constitucional. Del mismo modo, las veedurías y la academia concluyeron que la metodología utilizada para el proceso de evaluación fue válida, así como el exhorto del Consejo Transitorio; el cual, en lo pertinente, por la capacidad otorgada por el mandante, dispuso la evaluación inmediata no solo a los jueces y conjueces sino también en general a la Judicatura.
- 3. Falta de formación profesional individual por parte de los jueces que formaban parte de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019.
- 4. No se puede concluir que se transfirieron competencias de la Judicatura a los expertos evaluadores.
- 5. Concurso para fiscales no se realizó por falta de asignaciones presupuestarias del Ministerio de Finanzas.