Guayaquil, Ecuador
Gracias a la madurez de muchos de sus dirigentes políticos, ya sea de izquierda o derecha, empresarios, intelectuales y líderes sociales, la ciudadanía chilena supo diferenciar entre lo que es un proceso político y un proceso constitucional.
La diferencia no es tan sencilla como parece. En particular, porque hay una fuerte corriente ideológica que cuestiona que ella exista y propugna más bien una visión que considera a las constituciones como un simple apéndice de los procesos y conflictos que ocurren en el plano de la política.
Los constituyentes chilenos cayeron en ese error. Vieron a la nueva constitución como un simple trofeo electoral, como el precio que imponían los vencedores a los vencidos, como la condena que tenían que pagar los derrotados luego de una contienda política. Y fue así como plasmaron en el texto constitucional el programa de gobierno de los movimientos que habían ganado esas elecciones: un programa estatizante que ha fracasado en todo el planeta.
No es una coincidencia que el proyecto de los constituyentes chilenos tenía nada menos que 388 artículos, es decir, un documento extremadamente reglamentario, un recetario de políticas públicas completamente sesgadas. Como bien señaló Ricardo Lagos, el respetado político socialista y expresidente chileno, las constituciones en una democracia no deben expresar máximos, sino mínimos. Y es que de esa forma los procesos políticos pueden ir construyendo salidas a los conflictos políticos sin provocar necesariamente una crisis constitucional.
Tan embriagados estaban con los sucesivos triunfos electorales, tan convencidos estaban de que iba a “refundar” a Chile, que se olvidaron la reflexión de politólogos como Adam Przeworski, en el sentido de que las constituciones deben ser redactadas pensando en la oposición; en una democracia la oposición de hoy puede ser gobierno mañana. Y que, como tal, como gobierno legítimo, tiene todo el derecho de implementar políticas diferentes a la de su antecesor, sin que esa preferencia se vea frustrada por el andamiaje constitucional.
Y es que las constituciones así concebidas, es decir, como una camisa de fuerza que imponen políticas públicas específicas, tarde o temprano fracasan. Los chilenos lo que han hecho es adelantarse a ese fracaso. Han evitado que un conflicto que debe resolverse en el plano de lo político contamine el plano constitucional.
El error de los constituyentes chilenos es prácticamente el mismo que cometieron los constituyentes ecuatorianos al redactar la Constitución de Montecristi, que, a su vez, fue copia del modelo venezolano. La diferencia es que en nuestro país no hubo la suficiente madurez para evitar que ese proyecto sea aprobado en el referéndum de 2008.
Los partidos responsables de llevar al Ecuador a la debacle que abrió paso a Correa, y que son hoy sus más fervientes aliados, habían perdido toda legitimidad por la forma como gobernaron y corrompieron a nuestras instituciones. Lo estamos viviendo hoy con el esfuerzo que hacen por entregarle la Función Judicial a esa mafia.
El presidente Boric ha reaccionado positivamente. La centroderecha había ya expresado su predisposición para reformar o inclusive elaborar una nueva constitución. Pero una constitución en la que quepan todos los chilenos y no solo algunos. (O)
