Consulta: ¿Oportunidad o destino fatal?

Gonzalo Ruiz Álvarez. Quito, Ecuador.

Gonzalo Ruiz Álvarez

Quito, Ecuador

Desde hace un año se viene mascullando sobre el tema en los pasillos del Palacio de Carondelet. La Consulta Popular y aún la medida extrema de la acción definitivamente de la ‘muerte cruzada’, se comentó, se analizó, se guardó en un cajón sin llaves.

El Presidente Guillermo Lasso sabe que la gobernabilidad es esquiva. Se niega a que la moneda de cambio de la compra de conciencias sea el resquicio que busquen los operadores políticos. No quiere ni hombres ni mujeres del maletín.

Pero con un mini bloque de 12 legisladores de los 137 que tiene CREO en la Asamblea no alcanza. Menos, luego de la fallida primera alianza con el correísmo y el Partido Social Cristiano, PSC, que se cocinó antes del 14 de mayo de 2021 y se deshizo en la madrugada previa a la instalación de la nueva Asamblea.

Desde allí todo ha sido intentos fracasados, como la tan cantada Mega ley que bloqueó el Consejo Administrativo de la Legislatura. Pasó por ministerio de la Ley con la misteriosa abstención de UNES, la reforma tributaria, pero volvió el Ejecutivo a empellones con un indispensable proyecto de promoción de la inversión foránea y la mayoría le dio un portazo de modo displicente.

Cuando el país se sumergía en el caos del levantamiento indígena que costó varias vidas, bloqueo de vías, destrucción, millonarias pérdidas y zozobra, los opositores más radicales no encontraron nada mejor que tratar de alcanzar la destitución presidencial.

Tamaño desatino fue impedido por una postura rescatable del PSC que se negó al despropósito.

Luego llegaron otros manejos de alianzas complicadas entre correístas, los asambleístas de Pachakutik cada vez más divididos, una Izquierda Democrática errática y sin norte, el propio PSC y algunos independientes. La seguidilla de juicios políticos consta en el libreto. El Gobierno piensa que la desestabilización es la meta. La oposición, dicen, quiere apropiarse de los organismos de control. Los protagonistas de la nueva entente sostienen que es el Gobierno el que quiere tener en sus manos dichos organismos de control.

La vergüenza de la nominación del Superintendente de Bancos desnuda procedimientos poco santos. Una democracia inmadura y unos funcionarios con actitudes inopinadas.

Cuando en el escenario de las mesas de diálogo entre el Ejecutivo y la dirigencia indígena se ven avances y algunos posibles bloqueos, la idea de la Consulta Popular largamente meditada aflora a la luz pública.

El Presidente eligió el barrio de Carapungo, rodeado de los anónimos vecinos y algunos uniformados. Los expertos en mensajes visuales ya adelantan interpretaciones al respecto.

El ministro de Gobierno enfiló a la Corte Constitucional para conseguir el aval del camino que habrá de allanar para que la ciudadanía se pronuncie sobre 8 preguntas de distinto tono y contenido.

Al día siguiente ya anticipó que puede haber un par de preguntas más. El ministro de Economía también esbozó una idea para avalar el trabajo a tiempo parcial. Anunciar preguntas por aquí y por allá luce como un comportamiento algo desordenado. Es, acaso un mensaje político que muestra poca claridad en aquello que se quiere y se persigue, especialmente si se tuvo largos 12 meses para meditarlo.

Para el perspicaz analista político de CNN, Roberto Izurieta, quien es además académico en The George Washington University, esta consulta es una oportunidad. Apuntó en una entrevista radiofónica que consultar por los aspectos de seguridad se enfoca en aquello que es, por hoy, la principal preocupación de la gente en el país. A nadie escapa la inmensa preocupación por los asesinatos y la violencia, las conexiones de bandas con el narcotráfico y el crimen organizado exigen acciones oportunas. Es un tema multidisciplinario que compete a toda la sociedad dijo el ex jefe de Estado Mayor del Ejército, general Wagner Bravo. Tiene razón. Poder Ejecutivo, legislativo, la Justicia, los ciudadanos. Todos.

Hacia una acción coordinada de las Fuerzas Armadas y la Policía apunta la primera pregunta de la Consulta. Ya se debatió hace algunos años el tema. Muchos sostuvieron que las FF.AA. tiene tareas específicas en la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial. Hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional que obligó a revertir un cambio en la Constitución.

Aunque hoy, es verdad, las cosas son diferentes. El avance del crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando de armas y la trata de personas, operan como verdaderas multinacionales, y con recursos millonarios. Por eso es que autoridades como el ministro de Defensa piensan que se vive otra realidad que requiere una acción coordinada, cooperación internacional, una adecuada logística, inteligencia y el intercambio de información. Las fronteras del siglo XXI están amenazadas no por ejércitos regulares sino por bandas armadas, ex guerrilleros al servicio de los carteles y criminales domésticos que ajustan sus cuentas oscuras en las equinas de los barrios calientes de varias de nuestras ciudades. La seguridad nacional pasa por allí; muchas veces, sucumbe allí.

También se pregunta por la extradición de ecuatorianos. Habrá que aclarar que en este caso se trata de personas que hayan cometido delitos susceptibles de ser juzgados en otros países y esto merecerá amplias explicaciones para que la gente esté bien informada antes de votar.

Por ahora tocaremos otros aspectos atinentes a la institucionalidad. La idea peregrina concebida en Montecristi, de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, bajo el pretexto de incluir a la gente en decisiones importantes sucumbió ante los abusos de un poder vertical que lo cooptó. El entuerto quiso ser subsanado con la elección de los consejeros por votación popular y allí aparecieron los ‘curas Tuárez’ y sucedáneos.

El engorroso camino del diseño de la selección de autoridades de control volvió un galimatías la designación y hoy estamos entrampados en él. No funcionó. La idea de la pregunta es volver a la selección tradicional del poder Legislativo, aunque haya quienes quieran ver en ello una estratagema para que los altos dignatarios sean producto de ternas enviadas Presidente, como una opción de control político. Hay que debatir a fondo.

Otra de los temas pasa por el tamaño de la Asamblea, Puede ser una propuesta que goce de popularidad cuando la imagen de los legisladores está por las patas de los caballos. Pero habrá que matizar que en otros países los congresos son más numerosos. Muchos consideran que el meollo no está en la cantidad de asambleístas sino en su calidad.

Ese tema solamente se puede subsanar con una reforma profunda al sistema de partido. Eliminar la confusión entre partidos y movimientos, impedir que haya 276 organizaciones políticas y los ochenta mil candidatos con siglas que son slogans y no lemas ideológicos, empresas electoreras y tiendas de alquiler que manchan la salud de la democracia devaluada. Ya habrá tiempo para profundizar en el tema.

En cualquier caso, si gana la tesis de disminuir asambleístas será en las elecciones de 2025 y con el sistema propuesto rebajaríamos una veintena de curules.

Por ahora Guillermo Lasso se enfrenta al dilema de ganar o perder en sus propuestas. Muchos dicen que el desgaste institucional le puede acarrear una expresión de voto castigo a la gestión. Hacen analogías con el Presidente Gabriel Boric, que abrazó como propio el proyecto de constitución y perdió abrumadoramente.

Para el análisis quedan las consultas populares en Ecuador y su historia. Solo dos presidentes fueron derrotados: León Febres Cordero y Sixto Durán Ballén. Sixto salió avante de una de las dos consultas que planteó, de igual forma que Fabián Alarcón, la consulta por la educación de Alfredo Palacio tuvo apoyo masivo. Correa obtuvo voto favorable y aval para sus propósitos y Lenin Moreno también logró que sus propuestas prevalezcan.

El tiempo y el devenir de una política cambiante y una opinión pública también sinuosa nos dirá si la apuesta de Guillermo Lasso abre una oportunidad o sucumbe como un designio fatal. Veremos.

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