Durante las mesas de diálogo entre el Gobierno y la Conaie, ésta, indicó que pide al Estado la reparación de los manifestantes que salieron a la calle durante las protestas de octubre de 2019 y de junio de 2022. Además, Leonidas Iza, pidió que los casos de judicialización se revise caso por caso porque asegura existió supuesta «criminalización» hacia los manifestantes.
Sin embargo, ante estas peticiones, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, expresó:
«Los procesos deben seguir su curso, según los elementos que obren en cada expediente». Estas declaraciones las dio poco después de que la dirigencia indígena y campesina definió el número de procesados por las protestas sociales de octubre de 2019 y junio de 2022.
¿Mesas de diálogo o búsqueda de impunidad?
Estas peticiones, por parte de la Conaie y la Feine, se sucitaron en la reinstalación, del día de ayer, de las mesas de Seguridad, Justicia y Derecho, que son parte de los diálogos que se desarrollan con el Gobierno desde el 13 de julio de 2022.
«Nosotros exigimos que sean revisados los 552 procesos judiciales», expresó Samuel Lema, presidente de la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine).
Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, expresó que estos primeros 70 días de conversaciones se habrían logrado 54 acuerdos. Sin embargo, Lema expresó que será necesario revisar los documentos firmados. «Hemos coincidido en algunos temas, pero no es como lo están diciendo», dijo.
Adicionalmente, la Feine y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) buscan una reparación integral para los familiares de los ocho fallecidos durante la revuelta.
Esperan que el Gobierno sea sensible y reconozca «porque de pronto quedaron niños en la orfandad, mujeres y madres solas; entonces necesitamos que esto sea una reparación integral para todos los familiares», concluyó Lema.
Sobre lo expresado por la Fiscal, Francisco Jiménez puntualizó que esta entidad se «maneja de forma independiente, y tendrá que hacer su trabajo», expuso Jiménez.