El Gobierno español exhumará los restos del general Gonzalo Queipo de Llano y de José Antonio Primo de Rivera, dos figuras históricas ligadas a la dictadura franquista, cuando entre en vigor la nueva Ley de Memoria Democrática, que ya ha sido aprobada definitivamente por el Senado.
La intención de exhumar ambos restos fue confirmada este jueves por el ministro español de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en la radio en la que aseguró que con la nueva ley -que sustituye a la aprobada en 2007 durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero- «ya no hay excusas» para no hacerlo.
En la actualidad Queipo de Llano está enterrado en la Basílica de la Macarena, en Sevilla (sur), y José Antonio Primo de Rivera en el altar mayor del Valle de los Caídos, en la Comunicad de Madrid, donde también estuvo sepultado el dictador Francisco Franco, exhumado en 2019.
Bolaños dijo que la nueva ley establece que estas personas no pueden estar «en un lugar preeminente» y que, por tanto, cuando entre en vigor esta norma, que se aprobó ayer en el Senado, «se tomarán decisiones».
«Obviamente se les dará una sepultura digna donde los familiares decidan, pero no pueden estar en ningún lugar preeminente porque es una manera de homenajear a los protagonistas de la Dictadura», apuntó.
Gonzalo Queipo de Llano (1875-1951) fue teniente general del arma de Caballería y muy conocido por su participación en la guerra civil española (1936-1939).
Fue condecorado por Franco, quien además le concedió el título de marqués.
José Antonio Primo de Rivera (1903-1936) fue hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. En 1933 fundó la Falange española, un partido de ideología fascista.
Con la nueva ley de Memoria Democrática el Estado español deberá garantizar la búsqueda de miles de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975), un régimen que es declarado ilegal.
La prevalencia del Derecho Internacional Humanitario sobre la ley nacional que estableció una amnistía tras la dictadura y la investigación de posibles vulneraciones de derechos humanos al inicio de la democracia son otras de las novedades de la nueva norma. EFE