Quito, Ecuador
El caso de Dayana, a pesar de ser un femicidio ocurrido hace muy poco, pasó casi desapercibido para medios de comunicación y protestas civiles.
Es el caso de una mujer que llevaba en su vientre una criatura de 8 meses. Fue asesinada por su pareja sentimental, quien desde el inicio de opuso a su decisión de continuar con el embarazo y la presionaba para que aborte.
Como Dayana, muchas mujeres se enfrentan al drama del aborto no porque quieran deshacerse de su hijo, si no porque no tienen las condiciones económicas, sociales o emocionales para llevar a término su embarazo.
Las familias y las parejas, los violadores y los abusadores, son los primeros en buscar el aborto de una adolescente o mujer, muchas veces víctima, para encubrir un acto «vergonzoso» o incluso un delito. En este drama, la legalización del aborto no es una cura, es un placebo.
Las circunstancias en torno a la despenalización del aborto por violación en Ecuador demuestran que las autoridades públicas, no buscan atacar la raíz de los delitos de violación ni las circunstancias socioeconómicas que obligan a ver el aborto como la única opción de una mujer o adolescente.
¿Hay democracia cuando se ignora que la Asamblea en dos ocasiones se mostró contraria a la despenalización del aborto? ¿Hay democracia cuando miles de personas salen a oponerse a aceptarlo en la sociedad y no son escuchados? ¿Hay democracia cuando 9 jueces (7 sin contar los votos salvados) deciden el rumbo de millones de Ecuatorianos obligando a legislar por encima de sus competencias?
En Ecuador, el debate del aborto dejó de ser uno sólo de valores. En el debate del aborto nos jugamos la democracia, la cual ha sido vulnerada cuando se obliga al legislativo a regular bajo los parámetros de unos juristas. Falta democracia cuando hay amenazas de desacato contra los asambleístas.
Y ahora, los mismos grupos que impulsaron este asalto desde las cortes, vuelven a pedir que se legisle conforme a sus convicciones.
Actualmente existen cinco demandas de inconstitucionalidad admitidas contra la ley del aborto y una acción por incumplimiento que también busca modificar el contenido de la ley.
Los plazos, la objeción conciencia de los médicos, los requisitos, el consentimiento de menores, la protección a las mujeres víctimas, todo está nuevamente en la cancha de la Corte. El debate democrático que tomó meses, con expertos de todas las áreas y especialidades, el veto parcial del presidente que se adecuó más a la sentencia que despenalizó el aborto que la misma ley, corre riesgo de quedar nuevamente invalidado por unos pocos magistrados.
Si la ley del aborto por violación es modificada por la Corte, no hay recurso alguno, no hay autoridad alguna que revoque ese fallo más que la misma Corte. Mientras que desde la Asamblea siempre se puede incentivar el debate y modificarla con el apoyo necesario. Esa es una de las diferencias entre una imposición y un proceso democrático.
Mientras la corte decide, muchas mujeres como Dayana, continúan expuestas a violencia y coerción a tomar una decisión que no quieren tomar. Y muchos niños en el vientre, siendo sujetos especiales de protección constitucional, seguirán siendo descartados, ignorando su valor y condición de seres humanos con derechos.
Es momento de que más hombres y mujeres de buena voluntad estén dispuestos a ayudar a estas mujeres, a estas familias y a estos niños. Nosotros seguiremos exigiendo junto a ellos que los debates sobre los derechos humanos, los niños por nacer, los médicos con convicciones y las víctimas de violación, sean más democráticos, en su pleno sentido.
Dignidad y Derecho
