La redacción del informe sobre el caso de María Belén Bernal se debatirá hoy, 17 de noviembre de 2022, en el Pleno de la Asamblea. El informe de la comisión ocasional por la verdad, justicia y reparación en el caso de María Belén Bernal, asesinada el 11 de septiembre de 2022, cuando ingresó a la Escuela Superior de la Policía.
«Ecuador no tiene, y el informe lo evidencia, una política pública en seguridad, tampoco una política pública para erradicar la violencia de género (…) este informe, de alguna manera, le va a obligar al Gobierno a que lo implemente», señaló la asambleísta Yeseña Guamaní, integrante de la comisión ocasional que elaboró el texto. El informe de 78 hojas detalla información del caso, así como conclusiones y recomendaciones.
Responsabilidades
Al 23 de septiembre de 2022, dos días después de que el cuerpo de Bernal fuera hallado en el cerro Casitagua, cerca de la Escuela Superior de la Policía Nacional, su madre, Elizabeth Otavalo, calificó el hecho como «crimen de Estado».
Sin embargo, Guamaní detalla que «este informe es claro. Aquí no se puede hablar de un crimen de Estado, pero sí de una responsabilidad del Estado, por, justamente, haber omitido protocolos, normativas e incluso estándares internacionales desde un inicio».
Así mismo, el 24 de septiembre de 2022, Jesús López, abogado de la familia de Bernal, señaló a Metro Ecuador: «si bien es cierto, yo sostengo la teoría de que no es crimen de Estado este asunto, pero hay responsabilidad».
Para los asambleístas, el caso de Bernal no cumple con factores como la sistematicidad y generalidad. Señala que si bien se conoce de omisiones, cuando no se determine que la estructura completa del Estado es el atacante se puede hablar de responsabilidades, pero no de un crimen de lesa humanidad.
Guamaní agrega que, si bien en el informe no se concluye que hubo un crimen de Estado, no quiere decir que en un futuro no se pueda configurar como tal, durante el proceso de investigación cuando “se evidencie que hubo negligencias, por parte de las distintas autoridades, pero, al momento, no se configura en un crimen de Estado”.
Entonces, el documento ayuda a que la información no sea tergiversada, se supo que había videos de las cámaras en los ingresos. “Existen los videos, eso está en manos de Fiscalía (…) pero sabemos que no fueron cortados como se dijo. Existen videos desde que sucedieron los hechos y los siguientes días”.