Madrid, España
Perú se tambaleó este miércoles durante tres frenéticas horas. La inesperada decisión del presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso, imponer el toque de queda y gobernar por decreto para evitar someterse a una moción de censura puso al país andino al borde del abismo.
El firme rechazo del Tribunal Constitucional, que calificó inmediatamente la maniobra de golpe de Estado, así como la negativa del Ejército a secundar la intentona, permitieron que el Congreso siguiese funcionando y acordase la destitución de Castillo y la jura de su vicepresidenta, Dina Boluarte, de 60 años, como jefa de Estado.
Superada la fase aguda de la crisis quedan muchos puntos por aclarar, pero pocos dudan, tanto dentro como fuera del país, que de haber prosperado el plan de Castillo, Perú hubiera sufrido una fuerte implosión de las libertades.
El fracaso de Castillo, cuyo destino judicial aún es incierto, entierra presumiblemente su carrera política. Cuando tomó posesión el 28 de julio de 2021, tras unas elecciones extremadamente polarizadas contra Keiko Fujimori, su origen humilde y su discurso antiestablishment hicieron albergar en algunos sectores esperanzas de cambio en un país constantemente sometido a las turbulencias políticas.
Pero la brújula gubernamental perdió con rapidez la orientación. En poco tiempo, Castillo cambió cinco veces de Gabinete, se enfrentó a una catarata de escándalos y se alejó de su base social. Cada vez más arrinconado, en los últimos meses se vio golpeado además por la corrupción, un mal endémico en los presidentes peruanos, hasta el punto de que la fiscal general le señaló por liderar una presunta “organización criminal” destinada a enriquecerse amañando contratos.
Castillo tampoco supo gestionar el apoyo expreso que recibió en los últimos meses de algunos de los líderes progresistas de la región cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió en su defensa explícita, o, hace apenas una semana, cuando acordó con el presidente de Chile, Gabriel Boric, la celebración en Lima de la suspendida Cumbre de la Alianza del Pacífico, precisamente por la prohibición judicial de salir de su propio país que caía sobre Castillo.
Con este bagaje se enfrentaba el miércoles a la moción de censura. Y en vez de respetar los cauces formales, Castillo optó por buscar su salvación personal apenas unas horas antes con unas medidas tan alarmantes como peligrosas. Salvando las distancias, a muchos peruanos esa maniobra les hizo recordar el funesto mes de abril de 1992, cuando el autócrata Alberto Fujimori ordenó el cierre del Congreso e intervino el poder judicial: hoy el presidente está arrestado en el mismo penal de Barbadillo por orden de la Fiscalía.
Oportunamente frenada la intentona por el resto de poderes del Estado, Perú cuenta ahora con una nueva presidenta, la primera en la historia del país andino, y un cuerpo institucional que ha mostrado músculo suficiente para rechazar con nitidez un camino oscuro, propio de otras épocas latinoamericanas.
Pero no por ello deja de ser una solución transitoria y que fácilmente puede desembocar en una nueva tormenta. No en balde, en seis años se han sucedido seis presidentes, los tentáculos de la corrupción se han extendido por las instancias del poder y en la población ha crecido la desconfianza hacia los gobernantes.
Para evitarlo es importante que se convoquen rápidamente elecciones y que las mismas fuerzas de uno y otro signo que este miércoles rechazaron la vía del caudillismo dejen atrás sus rencillas y unan por una vez sus fuerzas para sacar a Perú de su crónica crisis presidencial.
