El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, denunció este martes lo que consideró «malos jueces», anunció que presentará su queja al Consejo de la Judicatura y exigió sanciones para aquellos que, según dijo, han liberado a delincuentes, algunos relacionados con el crimen organizado.
Lasso dijo que este miércoles el Gobierno presentará su denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la queja respectiva al Consejo de la Judicatura, en lo que consideró una acción en favor de la seguridad ciudadana.
«La justicia justa (sic) es una necesidad para los ecuatorianos», dijo el mandatario y reprochó que existan malos magistrados que, según él, defienden a los delincuentes en lugar de aplicar sobre ellos los mecanismos de sanción correspondientes.
Por ello, el gobernante anunció que entre las acciones que el Gobierno emprenderá se incluye también «exponer públicamente los nombres de malos jueces y sus casos».
Así, entre los jueces que Lasso nombró están:
El juez de La Concordia, Ángel Harry Lindao Vera, quién fue destituido por el Consejo de la Judicatura.
Lasso asegura que Lindao deberá ser investigado por la Fiscalía General del Estado por haber tramitado una acción de protección «para devolver los bienes incautados a un narcotraficante, liberar al asesino de un concejal tras haber cumplido dos de 24 años de pena y tratar de regresar a un privado de libertad de La Roca a la cárcel de Santo Domingo».
Juan Carlos Terán Moreno, de Guayaquil, es otro de los jueces denunciados por Lasso.
El Presidente asegura que Terán firmó «más de 15 boletas de excarcelación a privados de libertad peligrosos, revocó la prisión preventiva de cinco presuntos delincuentes por posesión de armas y de sustancias ilícitas, y declarar inocentes a dos figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales».
Los demás nombres
Lasso también nombró a Mary Alexandra Quintero Prado y José Luis Alarcón Bowen, de Manta.
Guillermo Lasso afirma que Quintero y Alarcón ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico «terminando con una investigación de la Policía Nacional de más de un año de trabajo».
Emerson Geovanny Curipallo Ulloa, juez de Santo Domingo.
El Jefe de Estado afirma que Curipallo firmó más de 15 boletas de excarcelación «abusando de la acción de protección».
Lasso subraya que Geovanny «extendió los efectos de medidas cautelares, habeas corpus o acciones de protección, en favor de un asesino sentenciado a 22 años de prisión, un homicida con 25 años de prisión y un violador sentenciado a 22 años de prisión».