El ministro de Economía, Pablo Arosemena, reconoce que la inestabilidad política generada desde la Asamblea Nacional equivale a “ponerle un palo en las ruedas a la producción y la economía nacional”. El funcionario asegura que la estrategia del Gobierno es acelerar y profundizar el gasto social y la inversión en obra pública.
Arosemena explica que durante todo 2023 se destinarán alrededor de $2.000 millones adicionales en los presupuestos del frente social (educación, salud, inclusión económica y social, entre otros). Hace poco más de una semana, anunció que se destinarán $600 millones adicionales para obra pública, sobre todo en vías.
El incremento en gasto suma alrededor de $2.600 millones y coincide con el déficit fiscal (más gastos que ingresos) que proyecta la administración de Guillermo Lasso para este año. “Esto se financia con recursos de organismos multilaterales principalmente. Los ingresos petroleros y tributarios no alcanzan”, puntualizó Arosemena. Este déficit proyectado para 2023, sin embargo, es menor a lo que se prevé gastar en subsidios a los combustibles.
En una conferencia de la consultora McKinsey & Company en la Universidad San Francisco de Quito, la noche de ayer, el economista Pablo Lucio Paredes comparó esta cifra con los $300 millones mensuales que el Gobierno gastó, en promedio, en estos subsidios en 2022; fueron $3.600 millones en un año.
El Ministro de Economía calcula que el orden fiscal y el cierre exitoso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dará espacio al Gobierno para levantar más recursos de otros multilaterales a intereses bajos del 2% y 3%; mientras el riesgo país, fomentado por la inestabilidad política, encarece otras fuentes de financiamiento en más del 16% de interés.
Al inicio del actual Gobierno, el endeudamiento público superaba el 61% del Producto Interno Bruto (PIB); pero según Arosemena, se cerrará 2023 en el 55%.
«Le mienten a la gente»
“Cualquier politiquero que dice que no hemos hecho ninguna obra le está mintiendo descaradamente a la gente”, dijo el ministro de Economía.
Como prueba de eso, el funcionario muestra obras como el Hospital general de Manta ($33 millones); Hospital de Bahía de Caráquez ($36 millones), avenida casuarina, en Guayaquil ($11 millones); aeropuerto de Manta ($30 millones), Unidad Educativa José Joaquín Olmedo, en Guayaquil ($7 millones), la vía desde el puerto al aeropuerto de Manta ($2 millones), centros de salud ($3 millones); infraestructura educativa (más de $40 millones), entre otras. Algunas de estas, sin embargo, son «repotenciaciones» de edificios existentes o entrega de obras iniciadas por otros gobiernos.
Además, asegura que están en ejecución otras obras como el corredor Chingón Santa Elena ($42 millones); carretera Las Golondrinas, en Imbabura ($59 millones); carretera Baeza-Reventador, en Sucumbíos ($18 millones), carretera Pedernales-Rocafuerte ($26 millones), paso lateral en Guaranda (más de $47 millones), carretera Latacunga-La Maná ($19 millones), entre otras.