El Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, se encuentra en peligro de ser removido de su cargo, luego de que una jueza de Quito reactivara una acción constitucional presentada en su contra hace ocho meses.
La primera alerta sobre esta situación provino desde Carondelet. Juan Carlos Ortiz, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, denunció que se está buscando remover a autoridades de control a cualquier precio, no solo a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, sino también al Procurador Juan Carlos Larrea.
Una jueza de Quito reactivó una acción de protección presentada por un ciudadano llamado Nelson Rodríguez en octubre del año pasado, días antes de la posesión de Larrea en su cargo.
La audiencia correspondiente ya ha tenido lugar, en la que se solicitó dejar sin efecto la designación de Juan Carlos Larrea como procurador y nombrar a otro procurador de la terna enviada por el Ejecutivo.
El abogado acusa a Larrea de conflicto de intereses debido a su participación accionaria en entidades bancarias.
Procuraduría
Sin embargo, la defensa del Procurador sostiene que se trata de un porcentaje mínimo adquirido en 2009, el cual ya no posee, y que dicha prohibición solo aplica a autoridades del sector, como el Superintendente de Bancos.
Cabe destacar que hace ocho meses este tema fue discutido y la impugnación fue desechada. En aquel entonces, el Consejo de Participación avanzó con su nombramiento, y aunque la posesión en la Asamblea se demoró 26 días, finalmente se llevó a cabo.
La decisión sobre la continuidad de Juan Carlos Larrea como Procurador General del Estado se encuentra en manos de la jueza Nubia Vera, de la Unidad Judicial de la Familia. Este viernes anunciará su fallo, el cual determinará el futuro de la máxima autoridad del órgano de control.
