La reciente anulación por parte del Tribunal Supremo de Israel de una ley clave de la polémica reforma judicial que impulsa el Gobierno provocó críticas de ministros y aplausos de opositores, despertando la posibilidad de una nueva polarización del país en plena guerra contra Hamás.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, considerado el arquitecto de la reforma que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, criticó al tribunal y advirtió sobre nuevas tentativas para que la iniciativa sea aprobada.
El Supremo demostró “lo opuesto al espíritu de unidad que se requiere en estos días para el éxito de nuestros soldados en el frente”, dijo Levin en su declaración de respuesta al tribunal, difundida por medios locales.
El fallo imposibilita «la toma de cualquier decisión en la Knéset (Parlamento) o en el Gobierno sin el acuerdo del Tribunal Supremo, privando a millones de ciudadanos de su voz», añadió.
La decisión del tribunal “no nos detendrá”, advirtió sin detallar la estrategia, pero matizó al decir que el Gobierno “seguirá actuando con moderación y responsabilidad” durante la guerra.
El partido derechista Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu consideró “desafortunado» que el Supremo emitiera un fallo tan polémico mientras los soldados israelíes libran combates en Gaza, pero el mandatario no se ha pronunciado al respecto.
Por su parte, el ex primer ministro Yair Lapid, uno de los principales líderes de oposición, estimó que el tribunal «cumplió fielmente su papel de proteger a los ciudadanos de Israel».
Su fallo «pone fin a un año difícil de lucha que nos desgarró desde dentro y condujo al peor desastre de nuestra historia», escribió en la red social X, antes Twitter, al subrayar que «el Estado judío es democrático, liberal y respetuoso de la ley.
Por una ajustada mayoría de ocho de quince jueces, el Tribunal Supremo anuló el lunes una ley clave de la polémica reforma judicial que el Gobierno -el más derechista de la historia de Israel- aprobó en julio y que quitó poder a la propia corte para revisar y revocar decisiones gubernamentales en función de si éstas eran razonables o no.
El tribunal argumentó que la legislación «causa un daño grave y sin precedentes a las características fundamentales de Israel como Estado democrático».
La corte también determinó «que tiene poder para hacer revisión judicial» de Leyes Básicas -con rango constitucional en Israel- e «intervenir en aquellos casos raros y excepcionales en los que la Knéset excede su autoridad constitutiva».
Se trata de la primera vez en la historia de Israel que el Supremo intercede ante una enmienda de una Ley Básica.
Desde que la reforma fue anunciada en enero del año pasado, un histórico movimiento de protesta antigobierno -que considera que la reforma socava la democracia, la división de poderes y los derechos de las minorías- realizó multitudinarias manifestaciones cada semana, que no pararon hasta que estalló la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza, el 7 de octubre.
Algunos señalan que esta profunda polarización social distrajo al Gobierno de sus tareas de Seguridad y facilitó el ataque de Hamás de detonó la guerra y dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados.
El exministro de Defensa Benny Gantz, también líder de la oposición pero que se unió a un Gobierno de emergencia desde que estalló la guerra, llamó a respetar el fallo judicial, al señalar que el 7 de octubre «la sociedad israelí había llegado a lugares extremos, a la división y a un discurso de odio”.
«Se debe respetar el fallo y aprender la lección de la conducta del año pasado», dijo. EFE (I)