El expresidente de la República, Guillermo Lasso, quien ha comparecido ante la Fiscalía General la tarde de hoy, martes 26 de marzo de 2024, para dar su versión libre y voluntaria en la investigación del caso Metástasis, ha declarado que los miembros de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación no estaban autorizadas a recibir dinero de las personas privadas de la libertad.
Lasso ha sido llamado a rendir declaración libre después que la académica colombiana Claudia Garzón Padilla y la ecuatoriana Myriam Delgado Chávez, quienes fueron parte de esta comisión ahora están siendo procesadas por el caso Metástasis. La Fiscalía General las acusa a ambas de ser colaboradoras de la estructura delincuencial que el narcotraficante Leandro Norero había establecido en el sistema judicial y penitenciario.
En medio de la comparecencia, el fiscal le preguntó a Lasso: «¿los miembros de la Comisión de Pacificación estaban facultados para recibir depósitos o transferencias de algún privado de libertad?»
Guillermo Lasso respondió: «en lo absoluto, el decreto 294 señaló las funciones de los comisionados, y por supuestos que en ninguna parte del decreto se autoriza a ningún comisionado a recibir dinero de las personas privadas de libertad».
Al inicio de su versión, precisó que con «sorpresa conoció sobre este llamado, dentro de la indagación, para rendir su versión cuando es absolutamente ajeno a este caso que ha generado vergüenza a la sociedad ecuatoriana». Dicho sea de paso, él espera que todos los responsables sean castigados con el rigor de la ley.
El exmandatario indicó que se enteró del proceso por los medios de comunicación y que gracias a ellos, en la investigación, se mencionó que están procesadas algunas personas que fueron parte de la Comisión de Pacificación de las Cárceles.
Lasso recordó que, tras la suscripción del Decreto Ejecutivo número 294, del 16 de diciembre de 2021, se creó la Comisión para contribuir al desarrollo de estrategias para reducir la violencia en los centros de rehabilitación social y tuvo un plazo de 6 meses que concluyó con la emisión de un informe no vinculante.
«Dicho organismo fue integrado por un equipo multidisciplinario de expertos nacionales e internacionales proveniente de la sociedad civil, iglesia, academia y sector público», indicó Lasso. Las acciones de los comisionados por fuera del ámbito del decreto son de su entera responsabilidad personal.
