René Betancourt
Quito, Ecuador
“¡Bravo mi presidente, a Ecuador se lo respeta!” fue el grito de un vecino, mientras se enteraba de la reciente captura del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y el allanamiento de la embajada mexicana, marcando el punto más bajo de la diplomacia ecuatoriana, poniendo en tela de juicio el mantener relaciones internacionales sólidas y garantizar la rendición de cuentas de quienes enfrentan acusaciones legales.
Lo que no entiende mi vecino es que las relaciones internacionales y la diplomacia no son un partido de indor barrial. Desde el derecho, al allanar la embajada mexicana, Ecuador violó convenios internacionales vinculantes, normas diplomáticas importantes y hasta la Constitución del Ecuador:
- Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y Relaciones Consulares (1963): ambas establecen la inviolabilidad de la misión diplomática, lo que significa que el Estado receptor no puede ingresar sin el consentimiento del país que representa la misión. Más aún, el país anfitrión tiene la obligación de proteger la misión y sus funcionarios.
- Principios generales de derecho internacional: El principio de inviolabilidad de las embajadas y la protección de los diplomáticos son principios fundamentales del derecho internacional consuetudinario, es decir, las prácticas reiteradas de los Estados, que junto con la opinión jurídica, tienen fuerza legal, siendo parte esencial del orden jurídico internacional, incluso más allá de las convenciones específicas.
- Normas de cortesía y respeto diplomático: Pautas fundamentales para las relaciones internacionales y la diplomacia efectiva de todas las naciones del mundo.
El Gobierno no hizo respetar a Ecuador, sino que irrespetó al pueblo ecuatoriano. A pesar de la ignorancia colectiva, el allanamiento de embajadas es considerado una violación grave del derecho internacional, que tendría graves repercusiones en las relaciones diplomáticas entre los países involucrados y la comunidad internacional.
Las acciones contra Ecuador en respuesta al allanamiento, aparte de las medidas diplomáticas, podrían incluir: 1) Acciones judiciales nacionales; 2) denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos, si se considera que el allanamiento resultó en violaciones de derechos humanos; 3) Acciones legales en tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia al considerar el allanamiento una violación grave del derecho internacional y tratados suscritos por el Ecuador, que constituyen Ley; 4) Condena de organismos regionales e internacionales, y posibles acciones en detrimento de la participación del Ecuador en los mismos, etc.
En resumen, esto no sólo tiene un impacto negativo en nuestra reputación internacional, sino que también puede acarrear consecuencias económicas y en materia de cooperación internacional, cuestiones necesarias para resolver los desafíos internos que enfrentamos.
La ruptura de relaciones diplomáticas es simplemente una consecuencia de la negligencia de nuestro gobierno en materia de relaciones exteriores; esto incluye la desafortunada declaración como «persona non grata» de la Embajadora mexicana.
Tal declaración suele basarse en las acciones del propio funcionario, más que en las acciones de terceros. Si las declaraciones del Presidente de México se consideraran “una interferencia inaceptable en los asuntos internos”, nos encontraríamos en la situación de tener que declarar persona non grata a todos los embajadores de gobiernos cuyos presidentes y funcionarios comenten sobre asuntos internos. Este enfoque de diplomacia reactiva e hipersensible parece paradójico; las decisiones en la materia deben ser resultado de un proceso de evaluación de relaciones diplomáticas y no tomarse a la ligera.
¿Entonces, qué se debió hacer?
Antes de allanar la embajada se pudieron tomar acciones para para abordar el asunto de manera progresiva:
1) Llamar a consultas al embajador ecuatoriano en México para discutir la situación y determinar los próximos pasos en las relaciones diplomáticas;
2) Reunirse con el embajador de México en Ecuador para discutir la situación;
3) Coordinar reuniones de alto nivel con los cancilleres de Ecuador y México para procurar cooperación en materia de rendición de cuentas;
4) Retirar temporalmente al embajador de Ecuador en México como una forma de expresar el descontento ecuatoriano y dejar claro que las acciones de México son inaceptables;
5) Declaración de persona non grata a la embajadora mexicana;
6) Retiro definitivo del embajador ecuatoriano en México como forma de protesta;
7) Retiro definitivo de todo el personal diplomático ecuatoriano en México;
8) Expulsión del embajador mexicano;
9) Solicitar el retiro de todo el personal diplomático de México en Ecuador;
10) Suspensión de relaciones diplomáticas como respuesta a las acciones consideradas intolerables.
En resumen, Ecuador debió proceder de acuerdo con los principios de las relaciones internacionales consagrados en el Art. 416 de nuestra propia Constitución:
independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica, cooperación, integración, y particularmente, la solución pacífica de las controversias y el rechazo a la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos. Si se quería arrestar a un fugitivo alojado en la embajada, esto se podía lograr con esfuerzos diplomáticos y negociación; y en última instancia, en caso de sentirnos afectados por la conducta de México, se pudo acudir a las instancias judiciales internacionales para la resolución de controversias como lo prescribe la Carta de Naciones Unidas.
El gobierno se saltó cualquier opción de medidas progresivas, sacrificando nuevamente lo jurídicamente correcto, por lo comunicacionalmente apetecible de cara a la consulta popular y elecciones presidenciales.
La historia nos presenta ejemplos de atropellos similares:
- 1961: Soldados de la República Democrática Alemana (RDA), bajo control soviético, allanaron la embajada de EE.UU. en Berlín Oriental después de que se erigiera el Muro de Berlín. La RDA arrestó a un diplomático estadounidense que observaba las actividades en el lado oriental de la ciudad. 1979: Nicaragua allanó la embajada de Costa Rica; el Frente Sandinista de Liberación Nacional irrumpió en la embajada y detuvo a varios diplomáticos y refugiados políticos.
- 1980: Irán permitió que estudiantes irrumpieran en la embajada de EE.UU. en Teherán y tomaran 52 rehenes estadounidenses por 444 días. Esta “Crisis de los Rehenes en Irán”, marcó un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países y generó tensiones internacionales. La Corte Internacional de Justicia responsabilizó a Irán de lo propio.
- 1984: Irak invadió la embajada de Kuwait en Bagdad, tomando varios diplomáticos y kuwaitíes como rehenes. Este fue el preludio de uno de los conflictos más importantes de la década de los 90s: la Guerra del Golfo.
- 1989: Panamá, liderada por Manuel Noriega, permitió que fuerzas paramilitares ingresaran a la embajada de Colombia. Se llevaron a cabo acciones violentas contra los refugiados políticos en la embajada.
- 2012: Al gobierno británico se le permitió la entrada a la Embajada de Ecuador en Londres para arrestar al fundador de WikiLeaks, Julián Assange, quien había recibido asilo político. Aunque no hubo un allanamiento físico de la embajada en sí, la acción británica fue considerada por muchos una violación la misión diplomática.
Estos ejemplos subrayan cómo los allanamientos a embajadas por parte de gobiernos anfitriones han sido utilizados como herramientas para ejercer presión política, desencadenar crisis diplomáticas y conflictos internacionales de gran envergadura. En todos los casos, acciones violentas y anti-diplomáticas exacerbaron tensiones entre los países involucrados, así como también con otros de la región y comunidad internacional.
Ecuador se encuentra en una encrucijada en la que debe equilibrar el respeto a la soberanía nacional con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. La diplomacia, basada en el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo, debe ser el camino a seguir para abordar las diferencias de manera pacífica y constructiva. En todo país esta labor debe ser liderada por gente técnica que reúna los principios de idoneidad, meritocracia, y experiencia, es decir, avales que les permitan liderar crisis diplomáticas como la del 5 de abril pasado. Este deber, definitivamente, es un imperativo para el Señor Presidente, escoger a su equipo de trabajo para que le permita dar resultados institucionales a nivel nacional y a nivel internacional.
La diplomacia no es un partido de indor barrial donde se buscan victorias rápidas, sino un proceso continuo y delicado que requiere de sabiduría, prudencia, profesionalismo, y compromiso con el bienestar común.
[1] Abogado internacionalista. Profesor de Derecho Internacional Público en varias universidades del Ecuador.
