Quito, Ecuador
La introducción por parte de Arthur Schlesinger Jr. del término «activismo judicial», en nuestro vocablo, hace más de siete décadas, marcó el inicio de un debate que aún resuena en los círculos jurídicos y políticos. A pesar de este debate sin fin, con el pasar de los años es evidente que el activismo judicial ha experimentado una evolución notable, adaptándose a las cambiantes corrientes ideológicas y políticas de cada época.
El término “activismo judicial” hace referencia a la práctica de los jueces de dictar sentencias basándose en sus opiniones políticas en lugar de apegarse al contenido de la ley vigente. También hay quienes interpretan este término como la tendencia de algunos jueces a interpretar la ley y la constitución de maneras que van más allá de su significado literal extralimitando su interpretación hacia concepciones consideradas como “evolutivas”.
A pesar de que no existe un consenso respecto a su significado, cabe preguntarse ¿hasta qué punto el activismo judicial es una práctica que sirve para promover la justicia?
Se podría pensar que la respuesta dependerá de cuán de acuerdo se esté con la ideología que se esté promoviendo y cuáles son los «derechos» que se protegen a través de las decisiones judiciales tomadas. Sin embargo, la realidad es que cuando un juez no actúa de manera imparcial, de conformidad con las normas legales vigentes y guiado por los principios propios de su profesión, afecta la democracia de un Estado.
A pesar de que ha habido decisiones judiciales basadas en el activismo judicial que, en nuestra opinión y de la de la sociedad podrían considerarse justas, esto no justifica que los jueces tomen decisiones judiciales sin considerar las normas y la constitución elegida por el pueblo. Caso contrario, podríamos convertirnos en un Estado arbitrario donde los jueces alteren el sentir soberano de un pueblo, según sus ideologías políticas.
El hecho de promover una causa justa no implica que se deba instrumentalizar el Derecho. Así por ejemplo, como es de conocimiento público, en los últimos meses se han modificado leyes legalmente aprobadas por el proceso democrático correspondiente sobre la base de distintas solicitudes de medidas cautelares.
Una medida cautelar es un mecanismo de protección mediante el cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que se encuentren en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.
Sin embargo, en Ecuador este mecanismo se ha utilizado incumpliendo su fin: ya que se han modificado normativas aceptando medidas cautelares que habían sido previamente negadas por otros tribunales, y sin considerar que quienes interpusieron dicha acción fueron los mismos a quienes antes se les había rechazado su petición.
De esta forma, se favorece el abuso de derecho ¿Cómo se justifica la administración de justicia y el activismo judicial con este tipo de conductas? Esto solamente evidencia que el activismo judicial no garantiza el principio fundamental de la administración de justicia que es la imparcialidad.
Tan grave es la situación que me permitiré citar un ejemplo. Una de las disposiciones legales suspendidas mediante una medida cautelar constitucional, en la ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación, es la restricción impuesta para la venta de residuos fetales. Esta norma está pensada para obstaculizar el tráfico ilegal de órganos y sin embargo, fue suspendida a raíz de una solicitud de medidas cautelares; sin que los jueces a cargo analizaran con detenimiento los efectos de la medida cautelar y explicaran el porqué de esta decisión.
Resulta alarmante que, a través del activismo judicial, se atente tan gravemente contra la seguridad jurídica. Este tipo de decisiones nos llevan a reflexionar si en nombre de la justicia, se pueda justificar el hecho de que los jueces basen sus decisiones en sus pensamientos ideológicos o políticos. ¿No es indispensable para la democracia contar con jueces imparciales y justos que realicen su trabajo de conformidad con el ordenamiento jurídico?
- Lina María Vera milita en Dignidad y derecho