El presidente Daniel Noboa presentó una iniciativa de reforma constitucional para que los partidos políticos dejen de recibir financiamiento público del Estado. La propuesta ya cuenta con la aprobación de la Corte Constitucional y ahora debe ser procesada por la Asamblea Nacional. Si es aprobada, se someterá a referéndum, es decir, serán los ciudadanos quienes decidan en las urnas.
Ya existen opiniones divididas al respecto. Por un lado, hay sectores que se muestran en desacuerdo, argumentando que destinar recursos a los partidos es un despilfarro; mientras que, por otro lado, hay quienes expresan su preocupación por las alternativas de financiamiento que podrían reemplazar al Estado.
¿Qué reformas incluye la propuesta del presidente?
La pregunta que Daniel Noboa quiere plantear a los ciudadanos es si están a favor de eliminar la obligación del Estado de asignar fondos del Presupuesto General del Estado a los partidos políticos.
Se modificarán dos artículos de la Constitución, el 110 y el 115. Actualmente, el primero establece que «los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado bajo control»; y el segundo que el Estado debe asegurar la difusión de las propuestas de todos los candidatos, y que los actores políticos no pueden contratar publicidad en medios de comunicación ni en vallas publicitarias. Si la reforma es aprobada, se eliminaría esta obligación y las organizaciones tendrían que financiarse por sí mismas.
No obstante, Esteban Ron, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, señala que la reforma no debe limitarse únicamente a la Constitución, sino que también debería ser necesario modificar el Código de la Democracia e incluso el Código Orgánico Integral Penal, con el fin de evitar que el dinero ilícito ingrese en las campañas políticas.
El sistema actual de financiamiento de los partidos políticos es mixto
En el Código de la Democracia se establece que las organizaciones políticas que logren un 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas a nivel nacional, que tengan al menos tres representantes en la Asamblea Nacional, el 8% de las alcaldías o un concejal en al menos el 10% de los cantones del país, accederán al Fondo Partidario Permanente.
Ese dinero es asignado por el CNE, a partir de las multas que recauda y de las transferencias del Ministerio de Finanzas que provienen del presupuesto general del Estado.
El sistema está estructurado para que la distribución de los recursos se realice de acuerdo con los votos obtenidos en las últimas elecciones.
Por otro lado, la ley también establece un Fondo de Promoción Electoral, destinado exclusivamente para la difusión en medios de comunicación y vallas publicitarias durante la campaña, según el gasto electoral previsto para cada cargo.
Además, la normativa permite los aportes voluntarios de los militantes, siempre que sean personas naturales ecuatorianas.
Preocupación por financiamiento ilícito o falta de equidad
La propuesta de reforma genera algunas incertidumbres, principalmente sobre el origen de los fondos que los políticos utilizarían para su promoción y para mantener la estructura de los partidos.
Existen alertas sobre la posibilidad de que el narcotráfico financie a los candidatos o lave dinero ilícito a través de las campañas, una preocupación que también comparten organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El negocio para los grupos de crimen organizado sería entregar el dinero y luego pedir favores a los funcionarios electos para sus actividades.
Por otro lado, Ron recuerda que hubo cuatro votos disidentes en la Corte Constitucional contra la propuesta. Alí Lozada, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero y Richard Ortiz consideraron que la iniciativa vulnera el principio de equidad. En términos sencillos, el académico señala que solo los partidos que logren captar inversionistas podrán competir, y aquellos con mayores recursos podrían tener un alcance más amplio.
La promesa de destinar el dinero de los partidos políticos a salud, educación y seguridad
Daniel Noboa afirma que la propuesta tiene como objetivo garantizar el uso adecuado de los recursos para evitar que sean aprovechados por «aquellos que ven en una candidatura política una oportunidad de negocio».
Además, el Presidente considera que esos fondos podrían redirigirse hacia áreas clave como salud, educación y seguridad, «atendiendo las verdaderas necesidades de la población».
Entre 2012 y 2022, se asignaron 49 millones de USD al Fondo Partidario Permanente, que financia las actividades de los partidos políticos y movimientos.
El sistema de organizaciones políticas requiere reformas adicionales
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, señala que el debate no debe limitarse únicamente al financiamiento de las organizaciones políticas, sino que también debe abordar la estructura y composición de estas.
Explica que, en el pasado, los partidos políticos dejaban clara su ideología desde su nombre, pero que hoy en día no existe una estructura que asegure que los candidatos representan una determinada corriente política.
Con una reforma profunda, Rodas señala que habría un máximo de unos ocho partidos políticos, que abarcarían desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el centro. De esta forma, sería mucho más fácil asignar recursos del Estado y supervisar su uso.
Esteban Ron señala que existe una falta de capacidad administrativa para realizar controles preventivos, tanto durante las campañas políticas como después de ellas, para supervisar el uso de los recursos. Además, pone en duda la efectividad del rol del CNE en ese monitoreo.
Nota por: David Josue Quispe Franco.