El expresidente de la República, Rafael Correa, prometió este viernes, 14 de febrero, vía X, a las 11:27, que no defraudará a Manabí por el apoyo que obtuvo la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, pese a lo ocurrido en el terremoto de 2016.
Cuando se hallaron irregularidades con diversos funcionarios, entre ellos, el exvicepresidente Jorge Glas acusado y actualmente detenido, por los Casos ‘Reconstrucción de Manabí‘, ‘Sobornos’ y ‘Odebrecht’.
Correa subió el 1 de junio de 2016 el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 14% hasta el 15 de mayo de 2017, con la finalidad de hacer frente junto a otras contribuciones solidarias ante los efectos del terremoto de magnitud 7,8 que impactó a las regiones de Manabí y Esmeraldas, por lo que se obtuvo más de USD 800,000,000, según informó el Estado y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Ciertos manabitas, no todos, expresaron que no recibieron la supuesta ayuda del gobierno, mientras que otros, vieron cómo se dañaban los víveres donados. Incluso existe un video, donde los damnificados le solicitaron agua a Correa y les respondió que bajen la voz y no lloren, o sino los mandaba presos, sea joven, viejo, hombre, mujer.
Según resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), con corte de a la 13:00 de hoy y con el 99.95% de actas escrutadas, en esa localidad, la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, ganó el primer lugar, con el 62.91% de votos, dejando al mandatario Daniel Noboa por atrás, con el 30.17%. Hay un 32.74% de diferencia.
Correa expresó vía X hoy: «Jamás te defraudaremos, tierra hermosa de mis sueños».
Caso Reconstrucción de Manabí
El 26 de abril de 2016, según la Fiscalía General del Estado (FGE), «A través del Decreto Ejecutivo 1004, se estableció el Comité de Reconstrucción y Reactivación de la Actividad Productiva y del Empleo, con el fin de realizar la construcción y restauración de la infraestructura esencial para reducir los impactos del terremoto, así como poner en marcha planes, programas, acciones y políticas públicas orientadas a la reactivación, producción y generación de empleo en las áreas afectadas».
El 20 de mayo de ese año, «se promulgó la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Áreas Afectadas por el Terremoto, la cual establece la recolección de contribuciones solidarias de individuos con relación laboral, entidades jurídicas, organizaciones y empresas tanto del sector público como privado; es decir, de todos los ecuatorianos».
El 25 de abril de 2019, «el Ministerio Público ha recibido una queja del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (T) sobre incidentes vinculados al mal uso de los recursos públicos, empleando los fondos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto».
El 9 de mayo de ese año, «la Procuraduría General de la República recibe un reporte con indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría General de la República, como parte de una auditoría especial de los contratos suscritos para la construcción del Parque Las Vegas, situado en Portoviejo; y la edificación del tramo de acceso al Puerto de Manta, rotonda del Imperio Colisa, cuyo financiamiento provino de los recursos de la Ley de Solidaridad, destinados específicamente para hacer frente a los efectos del siniestro».
El 10 de febrero de 2020, «el Ministerio Público recibió una nueva querella del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por el supuesto delito de asociación ilícita, mencionando la reunión llevada a cabo el 22 de mayo de 2017 entre el expresidente del Comité de Reconstrucción, Jorge G.; Carlos B., en calidad de secretario del Comité; y la participación del gerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, Pablo O., en la que se priorizaron 584 proyectos sin justificación técnica que evidenciaran el propósito inmediato de reconstrucción, construcción o reactivación productiva de las zonas afectadas por el desastre natural».
El 30 de mayo de 2023, «después de que la Fiscalía examina y evalúa la relación entre los hechos (con las acusaciones presentadas por el CPCCS y el informe del CGE), se consolida el expediente judicial para que la indagación pueda proseguir».
El 1 de junio de 2023, «la Fiscalía pide fijar una fecha y hora para formular acusaciones contra el expresidente de la Comisión de Reconstrucción y Reactivación Productiva y Empleo, Jorge G., y los exservidores públicos Carlos B. y Pablo O., por su supuesta implicación en el delito de malversación de fondos».
El 5 de enero de 2024, «la Fiscalía General de la Nación ha presentado cargos contra Jorge G., exvicepresidente de la República y expresidente de la Comisión de Reconstrucción y Reactivación Productiva; Carlos B., exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva; y Pablo O., exgerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, por su presunta implicación en el delito de malversación de fondos».
«El Juez a cargo del caso ha ordenado la prisión preventiva para Jorge G. y Carlos B., así como la retención, inmovilización y congelación de las cuentas que los acusados mantienen en el sistema financiero nacional, además de la prohibición de transferir activos por un monto de 122.492.990,76 dólares para cada uno», señaló.
El 21 de febrero de 2024, «la Corte Nacional de Justicia declara de manera unánime inadmisible el recurso de apelación a la prisión preventiva presentado por el exvicepresidente de la República, Jorge G., procesado por supuesto peculado».
«El recurso también había sido presentado por Carlos B. Sin embargo, la Corte declaró su abandono, conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 652 del COIP, debido a la inasistencia del apelante (también procesado)», indicó.
El 12 de abril de 2024, «el Ministerio Público ha vinculado a seis personas adicionales a la investigación por presunto peculado, ocurrido en el marco de la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de abril de 2016. Hasta el momento, un total de nueve personas han sido procesadas por este caso».
«El juez ha ordenado prisión preventiva para Walter Hipólito S., exministro de Transportes y Obras Públicas (MTOP), y comparecencias periódicas para Boris Sebastián C., exministro de Transportes y Obras Públicas; Franklin José B. y Omar Wilfrido Ch., exsubsecretarios zonales del MTOP; Víctor Salvador J., exdirector de Inmobiliar; y Milton Daniel M., exdirector de Secob», enfatizó.
Refinería del Pacífico
Según la Revista Plan V, Entre 2008 y 2018, en el gobierno de Correa, se destinó un total de $1.531 millones a la Refinería del Pacífico, de los cuales $613 millones se utilizaron en estudios, ingeniería, permisos y servicios de asesoramiento gerencial y legal, $678 millones para el valor agregado de los terrenos y la edificación de las obras iniciales, $83 millones en gastos operativos y compensaciones sociales, y $157 millones para el pago de impuestos.
No obstante, todas estas instalaciones permanecen actualmente sin uso. Al menos 30 contratistas, tanto nacionales como internacionales, recibieron grandes sumas de dinero por la construcción de las obras preliminares, precisó la Revista Plan V.
Rafael Correa actualmente reside en Bélgica. Al igual que varios funcionarios de su Gobierno, fue condenado por su papel en tramas de corrupción. El expresidente insiste en que es víctima de persecución política y niega haber participado en actos criminales.
Nota por: David Josue Quispe Franco.