Gobierno indaga a jueces y fiscales por posibles fallos irregulares

GtkiEpPXgAAn1nV — El ministro del Interior, John Reimberg, en la Asamblea Nacional, en Quito, este lunes, 16 de junio de 2025. Foto tomada de la cuenta del Parlamento en X.

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, en Quito, comenzó este lunes, 16 de junio, una investigación sobre supuestas irregularidades cometidas por operadores judiciales, en medio del actual conflicto interno en Ecuador.

Durante la sesión, se alertó que ciertas decisiones de jueces estarían permitiendo la liberación de personas detenidas en flagrancia, generando preocupación por la efectividad del sistema judicial y su impacto en la seguridad ciudadana.

El ministro del Interior, @JohnReimberg, añade que se debe trabajar en exponer y eliminar los casos de corrupción de jueces, fiscales y otros servidores. Entre enero y junio de 2025 se aprehendieron a 33.069 personas, de las cuales, 9.932 están libres y con medidas sustitutivas. pic.twitter.com/lLzkCmajnq
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) June 16, 2025

Para abordar este tema, la comisión convocó al ministro del Interior, John Reimberg, y al comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila Maldonado.

Reimberg expuso que, en la lucha contra el crimen organizado, han enfrentado obstáculos derivados de decisiones judiciales que permiten que personas capturadas cometiendo delitos sean puestas en libertad o reciban medidas alternativas a la prisión preventiva. Estas resoluciones, dijo, dificultan seriamente el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Subrayó, además, que de los más de 104 mil detenidos durante los operativos contra el crimen organizado, una gran cantidad ha sido liberada o está bajo arresto domiciliario, lo que requiere la asignación de más de 800 policías para su vigilancia.

Revelación de identidad

Expresó su preocupación por la demora en procesar denuncias contra jueces, ya que los procesos pueden tardar hasta un año, mientras los presuntos delincuentes siguen en libertad. “Es fundamental que los jueces actúen con responsabilidad y compromiso con el país”, señaló.

Recalcó que cuando un criminal salga libre, él dirá el nombre y apellido de los operadores judiciales: «Como ya lo hice cuando un juez intentó contactarse conmigo. Se acabó ese miedo. El Ecuador tiene derecho a conocer quiénes son».

Con el cuórum reglamentario, se instala la sesión Nº 5 de @FiscalizacionAN. Sigue su desarrollo aquí: https://t.co/hsIRifR247 #AsambleaEc2025 pic.twitter.com/n3aUKSkePy
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) June 16, 2025

Dávila, por su parte, recalcó el esfuerzo y dedicación de la institución para proteger a la población, aunque reconoció que los largos plazos y los requisitos documentales para sustentar las detenciones dificultan su labor.

Informó que cerca del 60 % de los más de 25 mil detenidos en flagrancia ha recibido medidas sustitutivas, y muchos tienen múltiples antecedentes por los mismos delitos. Esta reincidencia agrava los índices de violencia, por lo que consideró urgente revisar los criterios para calificar la flagrancia y aplicar medidas sustitutivas de forma más rigurosa, evitando así la impunidad.

Finalmente, el presidente oficialista de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, afirmó que continuarán con la investigación hasta lograr resultados que garanticen una justicia eficaz y en beneficio de todos los ecuatorianos.