La Corte Nacional de Justicia (CNJ) calificó como «infracción gravísima de error inexcusable» la decisión de un tribunal de Pichincha de revocar la prisión preventiva que regía en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos, en el ‘caso Goleada’.
Tras esta decisión, la CNJ dispuso que esta resolución se notifique a la Dirección Provincial de Control Disciplinario de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, con lo que se daría paso a posible proceso sancionatorio contra los jueces que conformaron el tribunal.
Esto se da luego que el 2 de abril de 2026, los magistrados Silvia Velasco Velasco, Byron Uzcátegui Arregui y Wiler Chóez Avilés, jueces de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Justicia de Pichincha declararon a favor de la apelación a la prisión preventiva de Aquiles Alvarez y sus hermanos, y ordenaron su libertad.
Para el 1 de junio de este año, en la audiencia de este caso, la Fiscalía acusó a la madre y primos de Aquiles Álvarez de recibir en transferencia las acciones y capitales de empresas investigadas en el caso Triple A. Según el Ministerio Público, estas transferencias se dieron mediante activos obtenidos producto de la supuesta comercialización ilegal de combustibles; a su esposa, de ser beneficiaria de los negocios de Álvarez.
Entre las pruebas, el fiscal, la madre del alcalde de Guayaquil, Gioconda Henriques, adquirió en representación de Inmobiliaria Fiorema S.A. vehículos valorados en USD 325 000, USD 120 000 y USD 63 000, cuyos vendedores eran Aquiles Álvarez y Fiorella Icaza.
En la lista de los bienes que se presentó como prueba, está una vivienda valorada en USD 1.2 millones, un terreno en USD 162 000 y un departamento en USD 120 000. Los vendedores eran Inmobiliaria Álvarez H S.A., a la que también representó la madre del alcalde, y Corpalubri, de los Álvarez.
Allí entra Fiorella Icaza que como representante de Inmobiliaria Fiorema S.A., compró dos departamentos en Blue Bay de Isla Mocolí, valorados en USD 304 000 y USD 335 000, y suscribió la promesa de compraventa de la gasolinera Petroquil por USD 4 millones, entregando un anticipo de USD 1 millón en cheque. (I)
