La situación jurídica de la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, se complica tras la reciente audiencia de formulación de cargos en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
El proceso judicial, que avanzó de manera decisiva el pasado 2 de septiembre de 2026, ha colocado a la funcionaria provincial bajo la lupa nacional después de que la Fiscalía General del Estado solicitara formalmente su prisión preventiva.
Fiscalía expone «saltos patrimoniales»
Durante la diligencia judicial desarrollada en la Unidad Judicial Norte de Quito, la Fiscalía presentó una serie de elementos de convicción para sustentar la acusación. Entre las principales evidencias constan las declaraciones patrimoniales de Núñez, las cuales reflejarían incrementos desproporcionados durante su paso por la Prefectura.
De acuerdo con informes que sustentan la investigación judicial, el patrimonio de la prefecta se incrementó significativamente:
- 2019 (Inicio de gestión): Registró un patrimonio inicial de USD 1,2 millones.
- 2022: Declaró un monto de USD 4,9 millones.
- Actualidad: El Ministerio Público indaga presuntas inconsistencias financieras no justificadas que contrastan con sus ingresos regulares de USD 5.000 como prefecta y montos adicionales provenientes de las empresas de su cónyuge.
Debido a estas diferencias y con la finalidad de asegurar su permanencia y comparecencia en el proceso penal, el fiscal a cargo solicitó formalmente que se ordene la prisión preventiva de la funcionaria.
Decisión en manos de la justicia y denuncias de persecución
Luego de escuchar los argumentos tanto de la Fiscalía como de la defensa de la autoridad provincial, la jueza especializada en casos de corrupción y crimen organizado tomó la decisión de suspender la audiencia para entrar en una fase de deliberación. Se espera que en los próximos días se notifique formalmente la fecha y hora de la reinstalación para conocer si se aprueba la prisión preventiva o si se dictan medidas cautelares alternativas.
Por su parte, Johana Núñez —quien cumple su segundo periodo tras haber sido reelecta mediante una alianza que incluyó al movimiento Revolución Ciudadana— ha defendido firmemente su inocencia de manera pública. La prefecta ha calificado el proceso como una estrategia de persecución política promovida por sectores oficialistas locales, alegando que las acusaciones provienen de denuncias anónimas y carecen de sustento real. Mientras la cúpula de su movimiento político ha manifestado su respaldo público ante lo sucedido, la ciudadanía de Santo Domingo aguarda con incertidumbre la resolución de un caso que podría alterar drásticamente el rumbo de la administración provincial. (I)